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SMI: más que un acuerdo

SMI: más que un acuerdo

Carlos Gutiérrez Calderón

Secretario Confederal de Juventud y Nuevas Realidades del Trabajo de CCOO

Artículo original publicado en Cuarto Poder

  • “Este acuerdo nos permite distinguir en el horizonte el objetivo de situar progresivamente el salario mínimo interprofesional en el 60% del salario medio”
  • “No existe Estado social y democrático de Derecho sin un diálogo social capaz de concertar y llegar a acuerdos que mejoren las condiciones de trabajo y de vida”
  • “El diálogo social y la concertación entre los agentes sociales y el Gobierno tiene que ser capaz de proyectar seguridad a la sociedad mostrando su utilidad”

El incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) a 950 euros por 14 pagas (1.108 por 12 mensualidades), fruto del acuerdo entre patronal, sindicatos y Gobierno, tiene unas implicaciones que desbordan su contenido. Es algo más que un acuerdo.

La subida es muy positiva. Un incremento del 5,5% respecto a los 900 euros de 2019 no es menor. Mejora las condiciones de vida de aquellos trabajadores que se encuentran en una situación salarial más complicada, que son quienes han sufrido más profundamente los estragos de la crisis económica y su gestión política. En efecto, según cálculos del gabinete económico de CCOO, dos millones de trabajadores se verán beneficiados por este incremento. Mayoritariamente mujeres del sector servicios, teniendo también un amplio impacto entre la juventud trabajadora.

Asimismo, el contenido de este acuerdo nos permite distinguir en el horizonte el objetivo de situar progresivamente el salario mínimo interprofesional en el 60% del salario medio, como así establece la Carta Social Europea. Este es ya un debate que desborda las fronteras de nuestro país. La nueva Comisión Europea, con su presidenta a la cabeza, Ursula von der Leyen, aspira a establecer un salario mínimo europeo en el marco de su agenda social. De esta forma se favorecería la convergencia entre los países de la Unión, se limitaría la competencia basada en el dumping salarial y permitiría luchar contra la creciente desigualdad en el viejo continente, mejorando la realidad de las millones de personas que se encuentran en riesgo de pobreza o los conocidos como working poors -trabajadores que aun con trabajo se encuentran en una situación de privación-. No será fácil. La batalla está servida.

Pero igualmente importante es la vuelta al pacto y la concertación en el diálogo social tripartito después de un largo tiempo sin acuerdos sustanciales. El diálogo social como institución a través de la cual los agentes sociales representativos y legitimados socialmente intervienen, desde la defensa de los intereses que les son propios, en el devenir de nuestro país, es un pilar fundamental e imprescindible en una democracia avanzada. No existe Estado social y democrático de Derecho sin un diálogo social capaz de concertar y llegar a acuerdos que mejoren claramente las condiciones de trabajo y de vida de la mayoría social trabajadora y sus familias. Sin esa capacidad de acuerdo y concertación, el diálogo social muta en una tertulia sin utilidad que deslegitima a las organizaciones de intermediación social y erosiona el sistema democrático.

Este acuerdo entre patronal, sindicatos y Gobierno ha sido un paso importante e imprescindible. Y sin embargo queda mucho por hacer. Aumentar el salario mínimo interprofesional no es suficiente para mejorar la realidad de muchos trabajadores que sufren insuficiencia económica. Una parte de estas situaciones de penuria derivan de un modelo de contratación que promueve la rotación permanente de empleo intercalándolos con períodos más o menos prolongados en el desempleo. Un trabajador en esta circunstancia tiene muy complicado completar una jornada laboral mensual o anual para alcanzar el salario mínimo interprofesional o el salario establecido en su convenio de aplicación. De la misma manera sucede cuando un trabajador tiene un contrato a jornada parcial.

Asimismo, otros aspectos que se encuentran incrustados en nuestro marco de relaciones laborales, con el objetivo de devaluar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores, deberán ser modificados: la prevalencia y la ultraactividad de los convenios; la regulación de los procesos de subcontratación; el despido de los trabajadores estando de baja; las posibilidades de descuelgue para las empresas de los acuerdos firmados; o la regulación laboral de las denominadas plataformas digitales. Y no podemos olvidarnos del IPREM, Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, referencia para multitud de ayudas y subsidios que lleva años sin actualizarse. Estos son, entre otros, algunos de los elementos que tienen que ser abordados en el diálogo social con la aspiración de alcanzar un acuerdo para ser reformados.

Nadie puede, ni debe, arrogarse la capacidad de bloqueo en la negociación. Desde CCOO somos conscientes de que las reformas y los avances de nuestro andamiaje laboral que son fruto del acuerdo entre los agentes sociales, patronal y sindicatos, son preferibles porque luego tenemos la responsabilidad de aplicarlos y desarrollarlos empresa a empresa, sector a sector. Pero si no hay acuerdo, CCOO exigirá al nuevo Gobierno, por todas las vías que como organización social tenemos a nuestra disposición, que promueva las reformas necesarias para reequilibrar el poder de negociación entre los trabajadores y los empresarios, profundamente alterado a favor de estos últimos tras las últimas reformas laborales, y para poder corregir la creciente desigualdad y precariedad que carcomen la sociedad y la democracia.

En tiempos de incertidumbre, en tiempos en los que cunde el miedo al futuro, el diálogo social y la concertación entre los agentes sociales y el Gobierno tiene que ser capaz de proyectar seguridad a la sociedad mostrando su utilidad. Demostrando capacidad de diálogo, negociación y acuerdo para luchar contra los que son los principales desafíos de nuestro país: la desigualdad y la precariedad. En caso contrario, en caso de bloqueo, CCOO exigirá que el Gobierno actúe en beneficio de la mayoría

“Urge reformar el sistema de prácticas no laborales para atajar el fraude laboral y garantizar los derechos de las personas en prácticas”

“Urge reformar el sistema de prácticas no laborales para atajar el fraude laboral y garantizar los derechos de las personas en prácticas”

28 de enero de 2020

Es urgente que el nuevo Gobierno desarrolle los compromisos ya adquiridos en materia de prácticas no laborales para combatir el fraude y la precariedad que afecta a miles de personas jóvenes.

Las prácticas no laborales constituyen hoy una fuente de precariedad sin control para miles de personas jóvenes en España. En un gran número de casos, este tipo de prácticas esconden relaciones laborales fraudulentas al encubrir puestos de trabajo asalariado que deberían estar bajo la cobertura del Estatuto de Trabajadores. Para Comisiones Obreras es imprescindible que el Gobierno, de manera inmediata, cierre la puerta al fraude en este tipo de prácticas y empiece por desarrollar –en el marco del diálogo social- las medidas ya comprometidas en materia de prácticas no laborales: aquellas incluidas en el Plan de Choque por el Empleo Joven y las que puedan derivarse mediante el correspondiente reglamento del Decreto ley 28/2018, así como las anunciadas en el pacto de Gobierno entre PSOE y UP.

A juicio de Jóvenes CCOO, es urgente ejecutar las medidas recogidas en el Plan de Choque por el Empleo Joven, consensuado con los agentes sociales y aprobado en diciembre de 2018, en el que se adelanta la negociación de un Estatuto para garantizar el desarrollo de unas prácticas no laborales de calidad que garanticen su carácter estrictamente formativo y curricular. De igual forma, es necesario establecer un marco que regule ayudas económicas y una protección social adecuada para quienes las desempeñan, la limitación de “becarios” por empresa y del encadenamiento de períodos de prácticas, así como la relación entre la persona en prácticas, el centro de formación y la empresa o institución en la que se desarrollen las mismas, con el fin de asegurar el objetivo formativo de las prácticas, estipular las actividades a realizar de las personas en prácticas y establecer los derechos y las obligaciones de las partes implicadas.

Por otro lado, es preciso desarrollar -con la mayor celeridad posible y también partiendo del diálogo con los agentes implicados- el reglamento del Decreto ley 28/2018 por el que las empresas, instituciones o centros de formación deberán dar de alta en la Seguridad Social a quienes estén desarrollando prácticas no laborales, reciban o no en este momento una contraprestación económica. Esta iniciativa constituirá una herramienta útil para poner coto a los abusos y al fraude existente y permitirá cuantificar de manera exacta el número de personas que se hallan realizando prácticas no laborales. Asimismo, facilitará la creación de un registro con información cuantitativa y cualitativa de estas prácticas, con objeto de saber dónde y en qué condiciones se desarrollan.

En definitiva, en opinión de Jóvenes CCOO, resulta imprescindible adoptar con carácter inmediato iniciativas que avancen hacia la articulación de un nuevo marco regulatorio para las prácticas no laborales que garantice su carácter formativo y permita combatir eficazmente el fraude actual y luchar contra la precariedad juvenil.