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Plataformas digitales: huida de la laboralidad 4.0

Plataformas digitales: huida de la laboralidad 4.0

Nos dicen que es el trabajo del futuro, pero en realidad lo que sucede es que estamos regresando al pasado

El fenómeno de la ‘plataformización’ del trabajo pone en riesgo el Derecho del trabajo tal y como lo conocemos, así como nuestro sistema de protección social

Por Carlos Gutiérrez, secretario Confederal de Juventud y Nuevas Realidades del Trabajo de CCOO. Publicado el 26/07/2019 en el diario.es

Hace unas semanas, Adigital, la Asociación Española de la Economía Digital, junto a sus miembros asociados Glovo, Deliveroo, Uber Eats y Stuart, presentaron una propuesta normativa para la regulación del trabajo en plataformas digitales. El documento comienza con una exhibición, que raya la obscenidad, de los múltiples beneficios que irradian estas plataformas digitales de reparto (económicos, para los consumidores, para los repartidores, para el comercio y los negocios)  y finaliza con la propuesta de modificar la regulación del trabajo autónomo económicamente dependiente (TRADE) para adaptarlo a lo que consideran “nuevas relaciones de trabajo” surgidas del contexto digital: el “trade digital”. Sin entrar al detalle, lo que pretenden es asegurarse que la relación que mantienen las plataformas con los repartidores se enmarca en el régimen de autónomos, concretamente en el TRADE, a cambio de una serie de coberturas adicionales para los trabajadores. Huida de la laboralidad 4.0.

La huida de la laboralidad no es una dinámica reciente. No nace con la digitalización y el surgimiento de estos nuevos modelos de negocio. Es una pugna que desde hace décadas enfrenta a empresas y trabajadores. Aquellas buscan deshacerse de toda responsabilidad exigida por nuestro ordenamiento laboral y nuestro sistema de protección social. Bajo la figura de autónomos las empresas no tienen que pagar un salario ni respetar las jornadas laborales máximas, las vacaciones, los descansos o los permisos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores y en los convenios colectivos. Tampoco tienen que pagar las cuotas que marca el régimen general de la Seguridad Social. Ni tienen que preocuparse por el hecho de que los trabajadores se organicen, elijan a sus representantes para negociar mejoras en sus condiciones laborales o convoquen una huelga. Es la externalización de los riesgos a los trabajadores y al conjunto de la sociedad a través de la mercantilización de la fuerza de trabajo. Es el interés por disciplinar y controlar a los trabajadores. Mientras, los trabajadores presionamos para que el ordenamiento laboral y nuestro sistema de protección social se respeten porque de ello dependen nuestras condiciones laborales y de vida, así como nuestra capacidad de organizarnos colectivamente para poder reequilibrar las desiguales relaciones de poder entre capital y trabajo.

Esta pugna por la laboralidad se despliega en todas las esferas. Son claves la dimensión jurídica y regulatoria. En relación a la primera, hasta ahora se han efectuado sentencias diversas. Unas han considerado autónomos a los trabajadores de plataformas. Otras los han considerado laborales. Cabe destacar que los procedimientos más numerosos y cualitativamente más relevantes se han decantado por la laboralidad de los trabajadores. Es el caso de los macrojuicios de Valencia y Madrid con más de 90 y 500 repartidores afectados respectivamente. Ambos fallos han fundamentado de forma sólida y rigurosa la existencia de ajenidad y dependencia en la relación de estas plataformas con los conocidos como “riders”. Hasta el punto de que la sentencia de Madrid señala que “los repartidores prestaban sus servicios de una forma completamente organizada y regida por la empresa, incluso en sus más pequeños detalles”. Los procedimientos judiciales siguen su curso y habrá que seguir trabajando en este ámbito. 

En relación a la esfera regulatoria, las plataformas digitales están desplegando una intensa labor de lobbista sobre los poderes públicos. En ella se enmarca la propuesta para la regulación ad hoc del denominado “trade digital”. En las manos del nuevo Gobierno está viabilizar los deseos de estos nuevos modelos de negocio y abrir la puerta a una creciente deslaboralización del trabajo como consecuencia de la expansión de estas plataformas digitales a todo tipo de sectores y actividades (su presencia es ya muy amplia y diversa), o, por el contrario, cerrar la puerta a este proceso tomando las decisiones necesarias para asegurar que las plataformas digitales cumplen con nuestro ordenamiento laboral y nuestro sistema de protección social. La madre de todas las batallas se dará en esta próxima legislatura.

El fenómeno de la plataformización del trabajo pone en riesgo el Derecho del trabajo tal y como lo conocemos, así como nuestro sistema de protección social. La regularización de una figura como la denominada “trade digital” sería la materialización regulatoria de la huida de la laboralidad 4.0 que provocaría que numerosas empresas de múltiples sectores de actividad encuentren acomodo en este marco para desprenderse de toda responsabilidad con nuestros derechos laborales y sociales. Nos dicen que es el trabajo del futuro, pero en realidad lo que sucede es que estamos regresando al pasado. Frente a ello, como siempre, es necesario continuar desarrollando la respuesta colectiva de los trabajadores en todos los ámbitos para hacer respetar nuestros derechos. En ello estamos.

CCOO celebra la sentencia que reconoce la relación laboral a 97 ‘riders’ de Deliveroo

CCOO celebra la sentencia que reconoce la relación laboral a 97 ‘riders’ de Deliveroo

  • El sindicato considera muy importante que la Inspección de Trabajo persista en sus actuaciones, puesto que el trabajo realizado por los ‘riders’ es laboral y su consideración como autónomos constituye un fraude de ley y una vulneración del art. 1.1 del Estatuto de los Trabajadores.
  • CCOO exige al Gobierno la eliminación de la “tarifa plana” de autónomos, que solo ha favorecido la extensión del fraude laboral, y le insta a gobernar y regular el fenómeno de las plataformas digitales que está poniendo en riesgo nuestro sistema de bienestar y protección social.

27 de junio de 2019

El Juzgado de lo Social  nº 5 de Valencia ha dictado una importante sentencia con fecha 10 de junio de 2019 en un procedimiento de oficio incoado por la Tesorería General de la Seguridad Social a iniciativa de la Inspección de Trabajo de Valencia. La sentencia reconoce a 97 ‘riders’ de Deliveroo que su relación con la empresa es laboral y no como trabajadores autónomos.

CCOO, que ha llevado a cabo campañas para asesorar laboral y jurídicamente de forma gratuita a los repartidores de estos nuevos modelos de negocio conocidos como plataformas digitales, comparte la consideración de que son trabajadores por cuenta ajena y, por tanto, les asiste el conjunto de derechos establecidos en nuestro marco laboral. El enfoque subjetivo e interesado de empresas como Deliveroo o Glovo con respecto a estos trabajadores, que pretende librarse de la obligación empresarial de pago de salario debido (como mínimo el SMI o el convenio aplicable) y de la cotización al régimen general de Seguridad Social, así como la protección legal contra el despido ilícito y demás beneficios jurídicos que todavía existen en nuestro ordenamiento laboral para el trabajo por cuenta ajena, ha sido completamente desmontado por la sentencia referida.

Por ello, CCOO exigimos a estas empresas que se hagan cargo de sus responsabilidades laborales y sociales, que respeten la ley y los derechos de los trabajadores. Asimismo exigimos al Gobierno que elimine la conocida como “tarifa plana” de autónomos. Tarifa que únicamente ha favorecido la extensión del fraude laboral que realizan determinadas empresas, como estas plataformas digitales, a través de la figura de los “falsos autónomos” y que además financiamos el conjunto de la sociedad.

Finalmente, CCOO señalamos la importancia de que la Inspección de Trabajo persista en sus actuaciones, e invitamos al Gobierno a que se tome muy en serio la conocida como “plataformización del trabajo” ya que pone en riesgo nuestro sistema de bienestar y protección social. Desde CCOO creemos que el fenómeno de las plataformas digitales es complejo y diverso, pero también que debe ser convenientemente gobernado y regulado si queremos que no ponga en riesgo nuestro sistema de bienestar y de protección social.

La precariedad no es una condición ni categoría profesional

La precariedad no es una condición ni categoría profesional

  • El sindicato lanza una campaña para plantar cara a la precariedad en los sectores que agrupa la federación de Servicios
  • La web www.precaritywar.es aglutina todos los materiales de la campaña y las historias de los trabajadores

La campaña Precarity War nace de la necesidad de visualizar la precariedad que se ha generalizado en el mercado laboral, en especial en algunos de los sectores que agrupa la Federación de Servicios de CCOO: hostelería, contact center, comercio, colectividades, sector financiero, seguros…

CCOO Servicios pretende denunciar esta situación y mostrar la total oposición del sindicato a que se sigan degradando las condiciones laborales en nuestro país. Así, la campaña busca ser un llamamiento a los trabajadores de estos sectores para que se unan en la lucha para poder derrotar a la precariedad. “Que se reconozcan a sí mismos como los superhéroes y las superheroínas que sabemos que son, que se empoderen y se unan a nuestra organización para librar batalla. Porque la precariedad no es una condición ni una categoría profesional, es un virus para el que existe vacuna”.

“ESTAMOS CONTIGO, CONTIGO SOMOS”

Bajo este lema el sindicato quiere que los trabajadores se unan en la lucha con las siglas de CCOO. Hoy en día, las desigualdades de la sociedad se reflejan sobre todo en el mercado laboral y la precariedad se extiende entre las mujeres y los jóvenes, de formas distintas, pero con un elemento común: el empeoramiento de las condiciones laborales.

Actualmente, el 72% de los contratos parciales son firmados por las mujeres. Más de la mitad de estos contratos no son deseados, sino que quienes los han firmado no han podido encontrar un contrato con mayor jornada.

La temporalidad, que recae en un porcentaje también muy superior en las mujeres (80%), y la discontinuidad en la ocupación son también elementos muy característicos de sectores que están más feminizados como el de las camareras de piso o las teleoperadoras, que han sufrido las consecuencias de la precarización con mayor gravedad. En esta espiral de precariedad surgen las externalizaciones, que aunque no se sufren en todos los sectores sí están en estos sectores mas feminizados como monitoras de comedor, camareras de pisos, cajeras de supermercado, teleoperadoras, etc. Las empresas multiservicios aprovechan esta situación para intentar depreciar aún más las condiciones laborales de estos colectivos, que para algunas personas son invisibles.

Además, las altas tasas de desempleo juvenil en la actualidad hacen que los jóvenes que se incorporan al mundo laboral sufran una alta tasa de temporalidad, bajos salarios, falta de reconocimiento del nivel formativo adquirido en muchos casos y becas abusivas, que no responden a su objetivo: la formación.

La realidad que esconden muchas becas es un vínculo laboral, del cual las empresas se benefician económicamente. En esta situación de indefensión se encuentran miles de personas, que no tienen los derechos ni las garantías del resto de trabajadores.

* Puedes encontrar más información y contarnos tu experiencia en www.precaritywar.es

“El fraude vinculado a las prácticas no laborales es escandaloso y resulta imprescindible atajarlo con urgencia”

“El fraude vinculado a las prácticas no laborales es escandaloso y resulta imprescindible atajarlo con urgencia”

A juicio de Jóvenes CCOO, el Real Decreto ley 28/2018 por el que el Gobierno asegurará que las empresas, instituciones o centros de formación den de alta en la Seguridad Social a quienes estén desarrollando prácticas no laborales, constituye una herramienta útil para reconocer el esfuerzo formativo de la juventud y poner coto a los abusos y el fraude existente.

Como resultado de las exigencias sindicales en el marco del Acuerdo de Pensiones de 2011 y de la posterior batalla legal emprendida por CCOO en los tribunales, quienes se encontraban desarrollando prácticas con algún tipo de ayuda económica pasaron en los últimos años a ser dados de alta en la Seguridad Social con el objeto fundamental de contribuir a completar carreras de cotización a quienes retrasan su incorporación al mercado de trabajo, prolongando su periodo formativo. Sin embargo, quienes, desarrollando también prácticas no laborales, no recibían ninguna contraprestación económica siguen sin poder cotizar por ninguno de los conceptos previstos, ya de por sí limitados en relación a los de cualquier trabajador en alta en el Régimen General.

La reciente iniciativa del Gobierno, que pretende responder a peticiones de CCOO, así como de otras organizaciones estudiantiles y juveniles, debe servir para detectar mejor y de forma eficaz la utilización fraudulenta de las becas para encubrir lo que deberían ser contratos laborales, además de contribuir a mejorar las carreras de cotización de quienes -desde el momento de su entrada en vigor- desarrollen prácticas no laborales con o sin compensaciones económicas, así como de quienes las desarrollaran en el pasado y quieran ahora recuperar con carácter retroactivo hasta dos años de cotización a la Seguridad Social.

Lo fundamental de la medida, no obstante, es que situará en el mapa a la totalidad de los llamados ‘becarios’, dado que deberán ser dados de alta con independencia de si reciben o no algún tipo de ayuda. Saber cuántos son; en qué empresas, instituciones o universidades se encuentran, o si reciben o no contraprestaciones permitirá a las Administraciones Públicas y a los sindicatos detectar con más facilidad una realidad en muchos casos fraudulenta, que encubre lo que deberían ser relaciones de trabajo asalariado bajo la plena cobertura del Estatuto de los Trabajadores.

El coste que las empresas o instituciones deberán asumir por la cotización es tan reducido (inferior a los 40 euros mensuales) que no cabe alegar, como ha hecho la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), una disminución previsible y relevante de la oferta de prácticas curriculares.

UNA HERRAMIENTA ÚTIL, PERO INSUFICIENTE

Jóvenes CCOO lleva años reclamando, con otras organizaciones sindicales y sociales, un nuevo marco regulatorio para las prácticas no laborales que garantice su carácter formativo y permita combatir eficazmente el fraude. Por una parte, a través de la creación de un ‘Estatuto del Becario’ que asegure una formación de calidad –tutorizada, con ayudas económicas y adecuadamente reglamentada – a quienes deben desarrollar prácticas curriculares para completar su itinerario académico. Y por otra, a través de la supresión de las prácticas extracurriculares (aquellas no vinculadas al currículo académico del estudiante), transformándolas en contratos de trabajo dotados de todos los derechos asociados a una relación laboral.

CCOO considera inaceptable que el Ministerio de Trabajo busque “becarios” gratis

CCOO considera inaceptable que el Ministerio de Trabajo busque “becarios” gratis

Entra en contradicción con el compromiso adquirido con los agentes sociales para acabar con la explotación en las prácticas no laborales.

El pasado 5 de diciembre la mesa de diálogo social acordaba el “Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021”. Entre otras cuestiones se recoge, en relación a las prácticas no laborales, que “la nueva regulación tiene como objetivo la garantía del carácter formativo de las prácticas, la protección social adecuada y el apoyo económico durante su realización.”

Sin embargo, la resolución del Boletín Oficial del Estado del 17 de diciembre publicaba la suscripción de un Convenio entre el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y la Universidad Complutense de Madrid para la realización de “prácticas académicas externas no retribuidas”. Quedan contempladas en este convenio tanto las prácticas no laborales curriculares – aquellas necesarias para superar un plan de formación – como las extracurriculares, que no tienen ningún tipo de relación con plan de formación alguno.

Desde CCOO consideramos que la decisión tomada por el Ministerio entra en una flagrante contradicción con lo acordado en el “Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021”, que señala la necesidad de abordar una nueva regulación de las prácticas no laborales que fortalezca la calidad de estas prácticas siempre vinculándolas a un programa de formación y se acuerde un “Estatuto del Estudiante en Prácticas No Laborales” que desarrolle los derechos de los estudiantes en prácticas no laborales, entre los que se debe contemplar siempre un apoyo económico.

La secretaria de Empleo y Cualificación de CCOO, Lola Santillana, tras conocer la resolución, considera necesaria la apertura de la mesa de diálogo social ya que la publicación del BOE contradice el compromiso del “Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021” acordado.

Lola Santillana asegura que el acuerdo contempla la revisión de la normativa de las prácticas no laborales para evitar abusos y esta resolución “contradice la voluntad de mejorar la situación laboral de las y los jóvenes, la calidad del empleo y acabar con las prácticas no retribuidas”.

“La resolución se ha realizado con excesiva premura porque por un lado, acuerda promover la formación práctica estadística y por otro lado se aplica a toda la formación que depende de la Universidad, es decir, títulos oficiales y propios y proyectos de fin de estudios”, ha afirmado Santillana.

Por su parte, el secretario de Juventud y Nuevas Realidades del Trabajo, Carlos Gutiérrez, afirma que la resolución contempla la realización de prácticas no laborales curriculares o extracurriculares fuera del territorio nacional, lo que “no se ajusta a la igualdad de oportunidades ya que al ser prácticas no retribuidas solo podrán realizarlas los estudiantes que cuenten con un alto respaldo económico, por lo que este convenio tiene un claro espíritu discriminatorio y profundiza en la desigualdad”.

Jóvenes CCOO advierte del empeoramiento de la precariedad y de las condiciones de trabajo de la juventud

Jóvenes CCOO advierte del empeoramiento de la precariedad y de las condiciones de trabajo de la juventud

Con ocasión del Día Internacional de la Juventud, que se celebra el 12 de agosto, Jóvenes CCOO denuncia el empeoramiento de las condiciones laborales de las personas jóvenes una década después del inicio de la crisis. Asimismo, llama la atención sobre la proliferación de empleos basura ligados a plataformas digitales como Deliveroo, Glovo o Uber Eats y a otras empresas ancladas en situaciones de fraude, abusos y explotación que impiden a las personas jóvenes construir proyectos de vida a medio y largo plazo.

Hoy tienen un empleo 2.278.600 jóvenes de entre 16 y 29 años menos que en el segundo trimestre de 2007, poco antes del inicio de la crisis, según el Instituto Nacional de Estadística. En esa misma franja de edad, el 27% de las personas que trabaja lo hace a tiempo parcial, frente al 15% de hace algo más de una década; de hecho, mientras actualmente hay 398.400 jóvenes con una jornada parcial no deseada pero aceptada ante la imposibilidad de conseguir un trabajo a jornada completa, en 2007 quienes se hallaban en estas circunstancias eran solo 276.300. La temporalidad juvenil sigue en cotas escandalosas, en torno al 56%, y el salario medio anual de los menores de 25 años no supera –según la Agencia Tributaria- los 6.113 euros (18.835 euros es el salario medio total).

Estas cifras, sumadas al abuso –en muchas ocasiones fraudulento- de las prácticas no laborales, al empleo sumergido, al fraude en la contratación, al paro -que aún afecta al 26% de la juventud menor de 30 años- o al riesgo de pobreza o exclusión social (34,8%, según la Encuesta de Condiciones de Vida, lo que convierte a este grupo de edad en el más vulnerable), reflejan -a juicio de Jóvenes CCOO- una precariedad inaceptable que lejos de mitigarse sigue golpeando en su día a día a la inmensa mayoría de las personas jóvenes, que se ven de este modo incapacitadas para planificar y desarrollar proyectos de vida a medio y largo plazo. Esta circunstancia se evidencia también en el descenso de la tasa de emancipación juvenil: en la actualidad, según Eurostat, la edad media de emancipación se sitúa en los 29,3 años, frente a los 28,4 de 2007 y a los 23,7 de Alemania.

PLATAFORMAS DIGITALES Y EMPLEO BASURA

A esta realidad ha venido a sumarse en los últimos tiempos la multiplicación de empleos basura que niegan a los trabajadores incluso su propia condición de asalariados y los derechos laborales asociados. Aunque el fenómeno no es nuevo, su expansión más reciente –muy rápida y con personas jóvenes como víctimas recurrentes- se está dando en actividades de reparto a través de plataformas digitales como Deliveroo, Glovo o Uber Eats, que obligan a quienes dependen de ellas a actuar como falsos autónomos en unas condiciones de absoluta explotación. Aunque las denuncias de repartidores y sindicatos están llevando a la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social a actuar, en opinión de Jóvenes CCOO resulta imprescindible que quienes trabajan en estos nuevos entornos de precariedad también se organicen sindicalmente para defender de forma colectiva sus intereses.

Asimismo, Jóvenes CCOO llama un año más a perseguir eficazmente la temporalidad injustificada y el fraude en el tiempo parcial y en el trabajo autónomo, y a que el Gobierno –con el consenso de los agentes sociales- evalúe y replantee de un modo integral la Garantía Juvenil, una iniciativa hasta ahora fracasada. En paralelo a lo anterior, se debe incrementar la oferta de plazas de Formación Profesional y revisar el modelo de FP Dual, además de garantizar el acceso a la enseñanza universitaria a través de una fuerte reducción de tasas y de la articulación de un potente sistema de becas orientado a que la falta de recursos en ningún caso constituya una dificultad añadida para llegar a las aulas.

La conversión en contratos de trabajo de las prácticas no laborales extracurriculares, junto con la elaboración de un marco de calidad que asegure, entre otros elementos, una contraprestación económica suficiente a las prácticas no laborales curriculares, es otra reivindicación que no puede permanecer por más tiempo en el cajón.

Por último, las ayudas a la emancipación y el desarrollo de parques públicos de vivienda en alquiler son medidas que, sumadas a todas las anteriores, facilitarían que las personas jóvenes pudieran planificar sus propios proyectos de vida en unas condiciones dignas y adecuadas.