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“Urge reformar el sistema de prácticas no laborales para atajar el fraude laboral y garantizar los derechos de las personas en prácticas”

“Urge reformar el sistema de prácticas no laborales para atajar el fraude laboral y garantizar los derechos de las personas en prácticas”

28 de enero de 2020

Es urgente que el nuevo Gobierno desarrolle los compromisos ya adquiridos en materia de prácticas no laborales para combatir el fraude y la precariedad que afecta a miles de personas jóvenes.

Las prácticas no laborales constituyen hoy una fuente de precariedad sin control para miles de personas jóvenes en España. En un gran número de casos, este tipo de prácticas esconden relaciones laborales fraudulentas al encubrir puestos de trabajo asalariado que deberían estar bajo la cobertura del Estatuto de Trabajadores. Para Comisiones Obreras es imprescindible que el Gobierno, de manera inmediata, cierre la puerta al fraude en este tipo de prácticas y empiece por desarrollar –en el marco del diálogo social- las medidas ya comprometidas en materia de prácticas no laborales: aquellas incluidas en el Plan de Choque por el Empleo Joven y las que puedan derivarse mediante el correspondiente reglamento del Decreto ley 28/2018, así como las anunciadas en el pacto de Gobierno entre PSOE y UP.

A juicio de Jóvenes CCOO, es urgente ejecutar las medidas recogidas en el Plan de Choque por el Empleo Joven, consensuado con los agentes sociales y aprobado en diciembre de 2018, en el que se adelanta la negociación de un Estatuto para garantizar el desarrollo de unas prácticas no laborales de calidad que garanticen su carácter estrictamente formativo y curricular. De igual forma, es necesario establecer un marco que regule ayudas económicas y una protección social adecuada para quienes las desempeñan, la limitación de “becarios” por empresa y del encadenamiento de períodos de prácticas, así como la relación entre la persona en prácticas, el centro de formación y la empresa o institución en la que se desarrollen las mismas, con el fin de asegurar el objetivo formativo de las prácticas, estipular las actividades a realizar de las personas en prácticas y establecer los derechos y las obligaciones de las partes implicadas.

Por otro lado, es preciso desarrollar -con la mayor celeridad posible y también partiendo del diálogo con los agentes implicados- el reglamento del Decreto ley 28/2018 por el que las empresas, instituciones o centros de formación deberán dar de alta en la Seguridad Social a quienes estén desarrollando prácticas no laborales, reciban o no en este momento una contraprestación económica. Esta iniciativa constituirá una herramienta útil para poner coto a los abusos y al fraude existente y permitirá cuantificar de manera exacta el número de personas que se hallan realizando prácticas no laborales. Asimismo, facilitará la creación de un registro con información cuantitativa y cualitativa de estas prácticas, con objeto de saber dónde y en qué condiciones se desarrollan.

En definitiva, en opinión de Jóvenes CCOO, resulta imprescindible adoptar con carácter inmediato iniciativas que avancen hacia la articulación de un nuevo marco regulatorio para las prácticas no laborales que garantice su carácter formativo y permita combatir eficazmente el fraude actual y luchar contra la precariedad juvenil.

Plataformas digitales: huida de la laboralidad 4.0

Plataformas digitales: huida de la laboralidad 4.0

Nos dicen que es el trabajo del futuro, pero en realidad lo que sucede es que estamos regresando al pasado

El fenómeno de la ‘plataformización’ del trabajo pone en riesgo el Derecho del trabajo tal y como lo conocemos, así como nuestro sistema de protección social

Por Carlos Gutiérrez, secretario Confederal de Juventud y Nuevas Realidades del Trabajo de CCOO. Publicado el 26/07/2019 en el diario.es

Hace unas semanas, Adigital, la Asociación Española de la Economía Digital, junto a sus miembros asociados Glovo, Deliveroo, Uber Eats y Stuart, presentaron una propuesta normativa para la regulación del trabajo en plataformas digitales. El documento comienza con una exhibición, que raya la obscenidad, de los múltiples beneficios que irradian estas plataformas digitales de reparto (económicos, para los consumidores, para los repartidores, para el comercio y los negocios)  y finaliza con la propuesta de modificar la regulación del trabajo autónomo económicamente dependiente (TRADE) para adaptarlo a lo que consideran “nuevas relaciones de trabajo” surgidas del contexto digital: el “trade digital”. Sin entrar al detalle, lo que pretenden es asegurarse que la relación que mantienen las plataformas con los repartidores se enmarca en el régimen de autónomos, concretamente en el TRADE, a cambio de una serie de coberturas adicionales para los trabajadores. Huida de la laboralidad 4.0.

La huida de la laboralidad no es una dinámica reciente. No nace con la digitalización y el surgimiento de estos nuevos modelos de negocio. Es una pugna que desde hace décadas enfrenta a empresas y trabajadores. Aquellas buscan deshacerse de toda responsabilidad exigida por nuestro ordenamiento laboral y nuestro sistema de protección social. Bajo la figura de autónomos las empresas no tienen que pagar un salario ni respetar las jornadas laborales máximas, las vacaciones, los descansos o los permisos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores y en los convenios colectivos. Tampoco tienen que pagar las cuotas que marca el régimen general de la Seguridad Social. Ni tienen que preocuparse por el hecho de que los trabajadores se organicen, elijan a sus representantes para negociar mejoras en sus condiciones laborales o convoquen una huelga. Es la externalización de los riesgos a los trabajadores y al conjunto de la sociedad a través de la mercantilización de la fuerza de trabajo. Es el interés por disciplinar y controlar a los trabajadores. Mientras, los trabajadores presionamos para que el ordenamiento laboral y nuestro sistema de protección social se respeten porque de ello dependen nuestras condiciones laborales y de vida, así como nuestra capacidad de organizarnos colectivamente para poder reequilibrar las desiguales relaciones de poder entre capital y trabajo.

Esta pugna por la laboralidad se despliega en todas las esferas. Son claves la dimensión jurídica y regulatoria. En relación a la primera, hasta ahora se han efectuado sentencias diversas. Unas han considerado autónomos a los trabajadores de plataformas. Otras los han considerado laborales. Cabe destacar que los procedimientos más numerosos y cualitativamente más relevantes se han decantado por la laboralidad de los trabajadores. Es el caso de los macrojuicios de Valencia y Madrid con más de 90 y 500 repartidores afectados respectivamente. Ambos fallos han fundamentado de forma sólida y rigurosa la existencia de ajenidad y dependencia en la relación de estas plataformas con los conocidos como “riders”. Hasta el punto de que la sentencia de Madrid señala que “los repartidores prestaban sus servicios de una forma completamente organizada y regida por la empresa, incluso en sus más pequeños detalles”. Los procedimientos judiciales siguen su curso y habrá que seguir trabajando en este ámbito. 

En relación a la esfera regulatoria, las plataformas digitales están desplegando una intensa labor de lobbista sobre los poderes públicos. En ella se enmarca la propuesta para la regulación ad hoc del denominado “trade digital”. En las manos del nuevo Gobierno está viabilizar los deseos de estos nuevos modelos de negocio y abrir la puerta a una creciente deslaboralización del trabajo como consecuencia de la expansión de estas plataformas digitales a todo tipo de sectores y actividades (su presencia es ya muy amplia y diversa), o, por el contrario, cerrar la puerta a este proceso tomando las decisiones necesarias para asegurar que las plataformas digitales cumplen con nuestro ordenamiento laboral y nuestro sistema de protección social. La madre de todas las batallas se dará en esta próxima legislatura.

El fenómeno de la plataformización del trabajo pone en riesgo el Derecho del trabajo tal y como lo conocemos, así como nuestro sistema de protección social. La regularización de una figura como la denominada “trade digital” sería la materialización regulatoria de la huida de la laboralidad 4.0 que provocaría que numerosas empresas de múltiples sectores de actividad encuentren acomodo en este marco para desprenderse de toda responsabilidad con nuestros derechos laborales y sociales. Nos dicen que es el trabajo del futuro, pero en realidad lo que sucede es que estamos regresando al pasado. Frente a ello, como siempre, es necesario continuar desarrollando la respuesta colectiva de los trabajadores en todos los ámbitos para hacer respetar nuestros derechos. En ello estamos.

CCOO celebra la sentencia que reconoce la relación laboral a 97 ‘riders’ de Deliveroo

CCOO celebra la sentencia que reconoce la relación laboral a 97 ‘riders’ de Deliveroo

  • El sindicato considera muy importante que la Inspección de Trabajo persista en sus actuaciones, puesto que el trabajo realizado por los ‘riders’ es laboral y su consideración como autónomos constituye un fraude de ley y una vulneración del art. 1.1 del Estatuto de los Trabajadores.
  • CCOO exige al Gobierno la eliminación de la “tarifa plana” de autónomos, que solo ha favorecido la extensión del fraude laboral, y le insta a gobernar y regular el fenómeno de las plataformas digitales que está poniendo en riesgo nuestro sistema de bienestar y protección social.

27 de junio de 2019

El Juzgado de lo Social  nº 5 de Valencia ha dictado una importante sentencia con fecha 10 de junio de 2019 en un procedimiento de oficio incoado por la Tesorería General de la Seguridad Social a iniciativa de la Inspección de Trabajo de Valencia. La sentencia reconoce a 97 ‘riders’ de Deliveroo que su relación con la empresa es laboral y no como trabajadores autónomos.

CCOO, que ha llevado a cabo campañas para asesorar laboral y jurídicamente de forma gratuita a los repartidores de estos nuevos modelos de negocio conocidos como plataformas digitales, comparte la consideración de que son trabajadores por cuenta ajena y, por tanto, les asiste el conjunto de derechos establecidos en nuestro marco laboral. El enfoque subjetivo e interesado de empresas como Deliveroo o Glovo con respecto a estos trabajadores, que pretende librarse de la obligación empresarial de pago de salario debido (como mínimo el SMI o el convenio aplicable) y de la cotización al régimen general de Seguridad Social, así como la protección legal contra el despido ilícito y demás beneficios jurídicos que todavía existen en nuestro ordenamiento laboral para el trabajo por cuenta ajena, ha sido completamente desmontado por la sentencia referida.

Por ello, CCOO exigimos a estas empresas que se hagan cargo de sus responsabilidades laborales y sociales, que respeten la ley y los derechos de los trabajadores. Asimismo exigimos al Gobierno que elimine la conocida como “tarifa plana” de autónomos. Tarifa que únicamente ha favorecido la extensión del fraude laboral que realizan determinadas empresas, como estas plataformas digitales, a través de la figura de los “falsos autónomos” y que además financiamos el conjunto de la sociedad.

Finalmente, CCOO señalamos la importancia de que la Inspección de Trabajo persista en sus actuaciones, e invitamos al Gobierno a que se tome muy en serio la conocida como “plataformización del trabajo” ya que pone en riesgo nuestro sistema de bienestar y protección social. Desde CCOO creemos que el fenómeno de las plataformas digitales es complejo y diverso, pero también que debe ser convenientemente gobernado y regulado si queremos que no ponga en riesgo nuestro sistema de bienestar y de protección social.

La precariedad no es una condición ni categoría profesional

La precariedad no es una condición ni categoría profesional

  • El sindicato lanza una campaña para plantar cara a la precariedad en los sectores que agrupa la federación de Servicios
  • La web www.precaritywar.es aglutina todos los materiales de la campaña y las historias de los trabajadores

La campaña Precarity War nace de la necesidad de visualizar la precariedad que se ha generalizado en el mercado laboral, en especial en algunos de los sectores que agrupa la Federación de Servicios de CCOO: hostelería, contact center, comercio, colectividades, sector financiero, seguros…

CCOO Servicios pretende denunciar esta situación y mostrar la total oposición del sindicato a que se sigan degradando las condiciones laborales en nuestro país. Así, la campaña busca ser un llamamiento a los trabajadores de estos sectores para que se unan en la lucha para poder derrotar a la precariedad. “Que se reconozcan a sí mismos como los superhéroes y las superheroínas que sabemos que son, que se empoderen y se unan a nuestra organización para librar batalla. Porque la precariedad no es una condición ni una categoría profesional, es un virus para el que existe vacuna”.

“ESTAMOS CONTIGO, CONTIGO SOMOS”

Bajo este lema el sindicato quiere que los trabajadores se unan en la lucha con las siglas de CCOO. Hoy en día, las desigualdades de la sociedad se reflejan sobre todo en el mercado laboral y la precariedad se extiende entre las mujeres y los jóvenes, de formas distintas, pero con un elemento común: el empeoramiento de las condiciones laborales.

Actualmente, el 72% de los contratos parciales son firmados por las mujeres. Más de la mitad de estos contratos no son deseados, sino que quienes los han firmado no han podido encontrar un contrato con mayor jornada.

La temporalidad, que recae en un porcentaje también muy superior en las mujeres (80%), y la discontinuidad en la ocupación son también elementos muy característicos de sectores que están más feminizados como el de las camareras de piso o las teleoperadoras, que han sufrido las consecuencias de la precarización con mayor gravedad. En esta espiral de precariedad surgen las externalizaciones, que aunque no se sufren en todos los sectores sí están en estos sectores mas feminizados como monitoras de comedor, camareras de pisos, cajeras de supermercado, teleoperadoras, etc. Las empresas multiservicios aprovechan esta situación para intentar depreciar aún más las condiciones laborales de estos colectivos, que para algunas personas son invisibles.

Además, las altas tasas de desempleo juvenil en la actualidad hacen que los jóvenes que se incorporan al mundo laboral sufran una alta tasa de temporalidad, bajos salarios, falta de reconocimiento del nivel formativo adquirido en muchos casos y becas abusivas, que no responden a su objetivo: la formación.

La realidad que esconden muchas becas es un vínculo laboral, del cual las empresas se benefician económicamente. En esta situación de indefensión se encuentran miles de personas, que no tienen los derechos ni las garantías del resto de trabajadores.

* Puedes encontrar más información y contarnos tu experiencia en www.precaritywar.es

ENTREVISTA A CARLOS GUTIÉRREZ CALDERÓN “Hoy ser mileurista es una aspiración”

ENTREVISTA A CARLOS GUTIÉRREZ CALDERÓN “Hoy ser mileurista es una aspiración”

 
Isabel García 14 de Enero de 2019 (13:53 h.) Publicado en NuevaTribuna

Por comenzar con un asunto que está despertado cierta polémica estos días: el fraude en las prácticas no laborales. Su secretaría reclama medidas urgentes. Aseguran que el decreto del Gobierno no es suficiente:

– ¿Qué dicen los datos sobre esta situación que padecen muchos jóvenes en España?

El primer problema es que no disponemos de datos suficientes sobre la situación de los jóvenes que están realizando prácticas no laborales. Únicamente sabemos que existen alrededor de 80.000 jóvenes, porque reciben una contraprestación y por tanto están dados de alta en la seguridad social. Ahora bien, una parte mayoritaria no recibe contraprestación y por tanto están fuera de los radares.

A nuestro juicio la regulación actual no estimula la existencia de unas prácticas laborales de calidad: ni garantiza el carácter formativo ni la tutorización de las mismas. Creemos que para dotarlas de calidad se debe suprimir las prácticas no laborales extracurriculares, es decir, las que no tienen ningún tipo de vinculación con los programas de estudio y únicamente deben permanecer las curriculares, aquellas que son necesarias superar para completar un itinerario formativo y obtener el título.

Además no están regulados los derechos que deben proteger al joven. En este sentido, es necesario elaborar un “Estatuto del Becario” que entre otros derechos recoja un imprescindible apoyo económico para el estudiante. Y finalmente la actual regulación promueve el fraude que debe combatirse dotando de mayores competencias a la inspección de trabajo y más información y capacidad de incidencia a la representación legal de los trabajadores.

La decisión del gobierno de obligar a cotizar por todas las prácticas no laborales, aunque estamos pendientes del desarrollo reglamentario en el que nos gustaría incidir, creemos que es una herramienta útil que nos permite a los estudiantes completar nuestras carreras de cotización para en el futuro acceder a la jubilación, pero fundamentalmente nos permitirá construir un mapa del conjunto de jóvenes que son “becarios” a partir del cual se podrá actuar para combatir el fraude. Ahora bien es una medida insuficiente para lograr construir un sistema de prácticas no laborales de calidad, que dote de derechos a los estudiantes y permita combatir el fraude de forma efectiva.

– ¿Qué opinión le merece la reacción que ha tenido la Conferencia de Rectores?

La reacción evidencia que apuestan por: la cantidad de prácticas no laborales, y no por la calidad; por no dotar de derechos a los jóvenes que las realizan; y por mantener la puerta abierta al fraude.

Creemos que es un error y que deberían promover la calidad, los derechos de los estudiantes y un marco que permita combatir el fraude.

2º Fraude, precariedad, temporalidad, bajos salarios… Los jóvenes españoles se están viendo principalmente afectados por la situación del mercado de trabajo. ¿Qué cambios laborales urgen para empezar a revertir la situación?

Tenemos un marco laboral caracterizado por la precariedad laboral que tiene principalmente, aunque no únicamente, rostro de joven y nombre de mujer. Es una precariedad que toma formas muy diversas y que se ha acentuado con la crisis y la gestión de la crisis. Hoy los jóvenes sufrimos casi un 60% de temporalidad con una rotación permanente que es insoportable. Más del 25% estamos con contratos a jornada parcial. También sufrimos otros modelos de precariedad como cuando somos “falsos becarios” o “falsos autónomos”, y unos salarios de miseria que difícilmente permiten que nos emancipemos o lleguemos a final de mes. Hoy ser mileurista es una aspiración.

Por tanto, es necesario realizar cambios para combatir el fraude en la temporalidad, las jornadas parciales y el fenómeno de los “falsos autónomos” y “falsos becarios”. Además de impulsar una subida salarial que permita distribuir la riqueza que se genera poniendo especial atención en los bajos salarios, porque han sido los que más han descendido con la crisis económica.

Así pues debe tocarse el marco laboral en la línea de modificar el modelo de contratación de nuestro país cerrando la puerta al fraude en la contratación temporal y las jornadas parciales. Hay que dotar de mayores recursos a inspección de trabajo. Y hay que suprimir de nuestra regulación aquellos elementos que presionan a la baja nuestras condiciones laborales y nuestros salarios. Esto tiene que ver con tocar los aspectos centrales de las contrarreformas laborales efectuadas durante la crisis económica.

3º Habéis presentado recientemente un informe #GeneraciónMÓVIL. Someramente, ¿cuál es el perfil de esta generación?

Somos una generación en una situación laboral caracterizada por la precariedad. No sabemos si mañana vamos a trabajar o no; o dónde lo vamos a hacer; o si vamos a tener un salario digno que nos permita vivir. Padecemos una permanente inestabilidad e incertidumbre. Debemos hacer enormes equilibrios para poder llegar a fin de mes con los salarios de miseria que tenemos. Y las posibilidades de conciliar nuestra vida profesional y personal son mínimas.

Unida a esta situación laboral, sufrimos la imposibilidad de acceder a una vivienda asequible. El Derecho a una Vivienda establecido en la Constitución es una ilusión para gran parte de nosotros.

Es la combinación perfecta para que no podamos emanciparnos e impulsar proyectos de vida sólidos y autónomos a medio y largo plazo; para que no podamos construir familias; para no poder realizarnos y desarrollarnos profesionalmente.

Es imprescindible cambiar esta situación.

4º CCOO y UGT han convocado movilizaciones.

-¿Por qué se ha hecho necesario una llamada a la movilización?

Porque es necesario echar atrás aspectos centrales de las últimas contrarreformas laborales que han provocado una acentuación de la precariedad laboral. El actual Gobierno tiene que pasar de las palabras a los hechos. Y los diferentes grupos parlamentarios deben ser conscientes de esta necesidad.

 -¿Qué instrumentos tiene la juventud para hacer valer sus derechos?

Los jóvenes no queremos normalizar esta situación de precariedad. No queremos adaptarnos a una vida en riesgo e incertidumbre permanente. Somos conscientes que nos enfrentamos a problemas colectivos que no tienen soluciones individuales sino colectivas. El instrumento que tenemos para mejorar nuestras condiciones de trabajo y de vida, para construir un marco de seguridad, solidaridad y justicia social que nos ofrezca la confianza de que si algo nos ocurre, ante cualquier problema, no nos vamos a quedar tirados, es la organización de los trabajadores en espacios mestizos, plurales y democráticos que se preocupen de lo que nos ocurre en el trabajo pero también en lo que está más allá (educación, sanidad, vivienda, pensiones, dependencia).

5º En las negociaciones con la CEOE, los sindicatos se están encontrando con muchos escollos. ¿Está la patronal torpedeando el diálogo social?

La patronal se siente muy cómoda con el resultado de las últimas contrarreformas laborales que han sido impulsadas unilateralmente por parte de los Gobiernos y que son la causa de la acentuación de la precariedad. Estas han desequilibrado, al ya por su naturaleza desigual, el poder de negociación entre trabajadores y patronal. Asimismo estas contrarreformas laborales han incrustado en nuestro marco laboral los mecanismos para presionar nuestras condiciones laborales a la baja y una devaluación salarial permanente. Nos encontramos ante una patronal que se niega a reconocer la creciente expansión de la precariedad laboral y que esto sea un problema. Así como a cumplir los acuerdos que firma. Con esto me refiero a las dificultades que están poniendo para situar el salario mínimo de convenio en 14.000 euros tal y como señala el acuerdo firmado hace unos meses.

No debo ser yo quien indique cómo debe comportarse la patronal o cuáles deben ser sus posiciones, pero creo que no debe acomodarse en esta situación y obviar el problema de un trabajo cada vez más precario y la necesidad de distribuir la riqueza. Es necesario apostar por un entorno institucional laboral que fomente un modelo de empresa que mira a largo plazo, que crece, que invierte, que mejora sus procesos, sus bienes y sus servicios, y que genera trabajo de calidad. Frente al actual marco regulatorio que impulsa el surgimiento de lo que podemos denominar “negocietes”, que solo ven el beneficio inmediato aprovechándose de las posibilidades de devaluación de nuestras condiciones laborales y nuestros salarios.

6º ¿Qué convenios -de aquellos sectores con mayor número de trabajadores jóvenes- urge actualizar y por qué?

Es importante poner el foco en sectores como la hostelería, el comercio, la enseñanza, las actividades sanitarias, sociales, recreativas… son sectores en los que los jóvenes solemos trabajar y, con todos los matices porque hay de todo, están caracterizados por la precariedad laboral. De tal manera que el sindicato debe poner todos los esfuerzos para organizar a los trabajadores con el objetivo de mejorar los convenios colectivos que son la fuente de nuestros derechos como trabajadores. Esta labor es titánica en muchos casos porque la precariedad y un tejido empresarial muy atomizado no ayudan.

Más allá de esto, es imprescindible como sindicato en todos los ámbitos incorporar a nuestras reivindicaciones, tanto laborales como sociales, las preocupaciones, las problemáticas y los anhelos de los trabajadores que somos más jóvenes.

7º Este año conoceremos alguna sentencia de relieve sobre la figura del ‘falso autónomo’, me refiero principalmente al juicio contra Deliveoo. Las nuevas formas que ha adquirido el mercado de trabajo es otra de las cuestiones que abordáis en el citado informe. ¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrentan los jóvenes?

Con la expansión de la economía de plataformas y estos nuevos modelos de negocio nos enfrentamos a la superación del Derecho del Trabajo tal y como se ha venido construyendo desde hace muchísimo tiempo. Es decir nos jugamos nuestros derechos laborales y por tanto nuestras condiciones de vida. Es imprescindible dar la batalla en este ámbito para que se reconozca que estos trabajadores no son autónomos, sino trabajadores asalariados.

8º La educación, la formación está muy ligada al futuro de la sociedad. CCOO lleva tiempo poniendo el énfasis en reformas estructurales. La Formación Profesional está encima de la mesa del Gobierno. ¿Qué resultados esperáis?

En España el problema que tenemos en relación a la formación tiene que ver con que tenemos una población joven sin estudios o solo con estudios obligatorios, lo que está vinculado a una mayor probabilidad de tener condiciones laborales más precarias en la inserción y trayectoria laboral. A nivel de educación superior nuestra situación es equiparable a la de los países de nuestro entorno europeo.

Durante años se ha insistido en la importancia de la FP y en la necesidad de mejorar su prestigio, pero a la par se recortaban presupuestos educativos. El principal reto que tiene el sistema de FP en el sistema educativo es la mejora y ampliación de la oferta en todos los ciclos y para distintos colectivos, es decir, la inversión en centros y formación del profesorado.

Estamos de acuerdo en que hay que fomentar la FP, concretamente la FP de grado medio, que permitiría reducir el abandono educativo y dar respuesta a una parte importante de la actual demanda de empleo, con una mejor cualificación de la población trabajadora.

Entendemos que el cambio de enfoque debe implicar la colaboración de los centros con el entorno productivo, especialmente con aquellas empresas comprometidas con el desarrollo local y la formación de los y las jóvenes que puedan cooperar con la formación en centro de trabajo y, en su caso, con la modalidad de formación dual realizada a través del contrato de formación y aprendizaje.

9º Por último, te pediría una valoración de la situación de las mujeres jóvenes en España. ¿Cuáles son sus principales hándicaps en el plano laboral?

Las mujeres jóvenes tienen que soportar, injustamente, una doble carga: ser joven y ser mujer. Esto determina su desarrollo en el ámbito laboral. La discriminación y desigualdad que sufren en el ámbito laboral se traduce en peores salarios, más precariedad, en trayectorias laborales discontinuas, alternando etapas en activo con etapas en desempleo o inactividad por cuidado de hijos o familiares y en la imposibilidad de promoción. Esto tiene repercusión en el acceso a la protección social, con mayores dificultades de prestaciones sociales por desempleo y menores cantidades, así como en unas pensiones más bajas en el futuro.

“El fraude vinculado a las prácticas no laborales es escandaloso y resulta imprescindible atajarlo con urgencia”

“El fraude vinculado a las prácticas no laborales es escandaloso y resulta imprescindible atajarlo con urgencia”

A juicio de Jóvenes CCOO, el Real Decreto ley 28/2018 por el que el Gobierno asegurará que las empresas, instituciones o centros de formación den de alta en la Seguridad Social a quienes estén desarrollando prácticas no laborales, constituye una herramienta útil para reconocer el esfuerzo formativo de la juventud y poner coto a los abusos y el fraude existente.

Como resultado de las exigencias sindicales en el marco del Acuerdo de Pensiones de 2011 y de la posterior batalla legal emprendida por CCOO en los tribunales, quienes se encontraban desarrollando prácticas con algún tipo de ayuda económica pasaron en los últimos años a ser dados de alta en la Seguridad Social con el objeto fundamental de contribuir a completar carreras de cotización a quienes retrasan su incorporación al mercado de trabajo, prolongando su periodo formativo. Sin embargo, quienes, desarrollando también prácticas no laborales, no recibían ninguna contraprestación económica siguen sin poder cotizar por ninguno de los conceptos previstos, ya de por sí limitados en relación a los de cualquier trabajador en alta en el Régimen General.

La reciente iniciativa del Gobierno, que pretende responder a peticiones de CCOO, así como de otras organizaciones estudiantiles y juveniles, debe servir para detectar mejor y de forma eficaz la utilización fraudulenta de las becas para encubrir lo que deberían ser contratos laborales, además de contribuir a mejorar las carreras de cotización de quienes -desde el momento de su entrada en vigor- desarrollen prácticas no laborales con o sin compensaciones económicas, así como de quienes las desarrollaran en el pasado y quieran ahora recuperar con carácter retroactivo hasta dos años de cotización a la Seguridad Social.

Lo fundamental de la medida, no obstante, es que situará en el mapa a la totalidad de los llamados ‘becarios’, dado que deberán ser dados de alta con independencia de si reciben o no algún tipo de ayuda. Saber cuántos son; en qué empresas, instituciones o universidades se encuentran, o si reciben o no contraprestaciones permitirá a las Administraciones Públicas y a los sindicatos detectar con más facilidad una realidad en muchos casos fraudulenta, que encubre lo que deberían ser relaciones de trabajo asalariado bajo la plena cobertura del Estatuto de los Trabajadores.

El coste que las empresas o instituciones deberán asumir por la cotización es tan reducido (inferior a los 40 euros mensuales) que no cabe alegar, como ha hecho la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), una disminución previsible y relevante de la oferta de prácticas curriculares.

UNA HERRAMIENTA ÚTIL, PERO INSUFICIENTE

Jóvenes CCOO lleva años reclamando, con otras organizaciones sindicales y sociales, un nuevo marco regulatorio para las prácticas no laborales que garantice su carácter formativo y permita combatir eficazmente el fraude. Por una parte, a través de la creación de un ‘Estatuto del Becario’ que asegure una formación de calidad –tutorizada, con ayudas económicas y adecuadamente reglamentada – a quienes deben desarrollar prácticas curriculares para completar su itinerario académico. Y por otra, a través de la supresión de las prácticas extracurriculares (aquellas no vinculadas al currículo académico del estudiante), transformándolas en contratos de trabajo dotados de todos los derechos asociados a una relación laboral.