Hace unas semanas algunos youtubers estuvieron en boca de todo el país. De repente empezaron a salir en medios convencionales rostros que estamos más acostumbrados a ver en pequeñas pantallas. El motivo, desgraciadamente, ha sido el de siempre: la evasión de impuestos en Andorra.
Un
tema de actualidad pero que para nada es nuevo. Mientras saltaba la
noticia de que El Rubius decidía cambiar su domicilio fiscal, muchos
recordábamos que los youtubers en esto tampoco han
descubierto la pólvora. Antes les precedieron Monserrat Caballé,
Marta Sánchez, Alberto Contador, Fernando Alonso y un largo etcétera
de patriotas a tiempo parcial. Personajes muy diferentes pero que
suelen basar su defensa en el mismo argumento: si estuvieses en mi
lugar, harías lo mismo.
Precisamente
porque sabemos de dónde venimos no nos iríamos. Sabemos que sin
solidaridad no se mueven los pueblos. Tengo 26 años, he hecho todo
lo que se me ha pedido y hoy le debo más al Estado de lo que llegaré
a ganar nunca. He ido cinco años a la universidad y siempre ha sido
gracias a las becas. Y no me vale el cuento del esfuerzo. Compaginé
las clases con un trabajo y ni por esas podía permitirme que el
Estado no se hiciese cargo de mis estudios.
No solo yo, también mi familia. Mi hermano tiene 32 años y desde los tres ha convivido con una enfermedad crónica. Desde esa edad lleva medicándose y teniendo que ir al médico más de lo que le gustaría y de lo que un seguro privado le dejaría. Todos los meses se administra una medicina que sin la contribución de la Seguridad Social rondaría los 1.000 euros.
Además,
sabemos qué ocurre cuando ese dinero no llega. Hace diez años mi
abuela se quedó en una silla de ruedas. Hicimos como pudimos la
infinita burocracia necesaria para pedir la ley de la dependencia. Un
día cualquiera después de haber asumido que ella ya no estaba,
llegó una carta: nos concedían después de dos años una ayuda
económica para sus cuidados. Se trataba de una cantidad insuficiente
y tardía. No sois los responsables directos de nuestras miserias,
pero vuestro egoísmo contribuye a circunstancias como esta.
Que
no nos hablen de esfuerzo ni de sacrificio porque sabemos
perfectamente lo que significan cada una de sus letras. Llevamos toda
la vida trabajando, contribuyendo a hacer un país mejor con unos
buenos servicios públicos. Si ahora que trabajamos más de 8 horas
al día y estamos con el agua al cuello no se nos ocurre hacer
trampas, ¿por qué lo haríamos si nuestra cuenta no nos quitara el
sueño como lo hace cada día?
Estamos
muy cansados de tener que decidir entre comer o tener una vivienda,
estudiar o conseguir un trabajo, tener vida social o ir al psicólogo.
Bastante dura se nos hace la vida como para dar alas a discursos que
fomentan que nos quiten lo poco que todavía nos cuida.
Para
eso sirve vuestro dinero y el nuestro, para hacer este lugar un poco
más habitable y menos hostil. Para que ningún joven tenga que dejar
de estudiar porque su familia no tiene dinero para pagarle la
universidad. Para que ninguna mujer tenga que dejarse la espalda, los
nervios y las lágrimas cuidando de sus hijos porque no puede pagar
una guardería. En definitiva, para que vivir no se convierta en una
tortura cada día.
Da
igual que nos pongamos en vuestro lugar, lo diríamos con la misma
firmeza. Jamás nos iríamos, porque sabemos que en lo público nos
va la vida.
Cristina García Rodríguez (@__CristinaGR) es periodista y militante de Jóvenes CCOO.
* Artículo publicado originalmente en la revista Trabajadora.
Carlos Gutiérrez Calderón
Secretario Confederal de Juventud y Nuevas Realidades del Trabajo de CCOO
Artículo original publicado en Cuarto Poder
- “Este acuerdo nos permite distinguir en el horizonte el objetivo de situar progresivamente el salario mínimo interprofesional en el 60% del salario medio”
- “No existe Estado social y democrático de Derecho sin un diálogo social capaz de concertar y llegar a acuerdos que mejoren las condiciones de trabajo y de vida”
- “El diálogo social y la concertación entre los agentes sociales y el Gobierno tiene que ser capaz de proyectar seguridad a la sociedad mostrando su utilidad”
El incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) a 950 euros por 14 pagas (1.108 por 12 mensualidades), fruto del acuerdo entre patronal, sindicatos y Gobierno, tiene unas implicaciones que desbordan su contenido. Es algo más que un acuerdo.
La subida es muy positiva. Un incremento del 5,5% respecto a los 900 euros de 2019 no es menor. Mejora las condiciones de vida de aquellos trabajadores que se encuentran en una situación salarial más complicada, que son quienes han sufrido más profundamente los estragos de la crisis económica y su gestión política. En efecto, según cálculos del gabinete económico de CCOO, dos millones de trabajadores se verán beneficiados por este incremento. Mayoritariamente mujeres del sector servicios, teniendo también un amplio impacto entre la juventud trabajadora.
Asimismo, el contenido de este acuerdo nos permite distinguir en el horizonte el objetivo de situar progresivamente el salario mínimo interprofesional en el 60% del salario medio, como así establece la Carta Social Europea. Este es ya un debate que desborda las fronteras de nuestro país. La nueva Comisión Europea, con su presidenta a la cabeza, Ursula von der Leyen, aspira a establecer un salario mínimo europeo en el marco de su agenda social. De esta forma se favorecería la convergencia entre los países de la Unión, se limitaría la competencia basada en el dumping salarial y permitiría luchar contra la creciente desigualdad en el viejo continente, mejorando la realidad de las millones de personas que se encuentran en riesgo de pobreza o los conocidos como working poors -trabajadores que aun con trabajo se encuentran en una situación de privación-. No será fácil. La batalla está servida.
Pero igualmente importante es la vuelta al pacto y la concertación en el diálogo social tripartito después de un largo tiempo sin acuerdos sustanciales. El diálogo social como institución a través de la cual los agentes sociales representativos y legitimados socialmente intervienen, desde la defensa de los intereses que les son propios, en el devenir de nuestro país, es un pilar fundamental e imprescindible en una democracia avanzada. No existe Estado social y democrático de Derecho sin un diálogo social capaz de concertar y llegar a acuerdos que mejoren claramente las condiciones de trabajo y de vida de la mayoría social trabajadora y sus familias. Sin esa capacidad de acuerdo y concertación, el diálogo social muta en una tertulia sin utilidad que deslegitima a las organizaciones de intermediación social y erosiona el sistema democrático.
Este acuerdo entre patronal, sindicatos y Gobierno ha sido un paso importante e imprescindible. Y sin embargo queda mucho por hacer. Aumentar el salario mínimo interprofesional no es suficiente para mejorar la realidad de muchos trabajadores que sufren insuficiencia económica. Una parte de estas situaciones de penuria derivan de un modelo de contratación que promueve la rotación permanente de empleo intercalándolos con períodos más o menos prolongados en el desempleo. Un trabajador en esta circunstancia tiene muy complicado completar una jornada laboral mensual o anual para alcanzar el salario mínimo interprofesional o el salario establecido en su convenio de aplicación. De la misma manera sucede cuando un trabajador tiene un contrato a jornada parcial.
Asimismo, otros aspectos que se encuentran incrustados en nuestro marco de relaciones laborales, con el objetivo de devaluar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores, deberán ser modificados: la prevalencia y la ultraactividad de los convenios; la regulación de los procesos de subcontratación; el despido de los trabajadores estando de baja; las posibilidades de descuelgue para las empresas de los acuerdos firmados; o la regulación laboral de las denominadas plataformas digitales. Y no podemos olvidarnos del IPREM, Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, referencia para multitud de ayudas y subsidios que lleva años sin actualizarse. Estos son, entre otros, algunos de los elementos que tienen que ser abordados en el diálogo social con la aspiración de alcanzar un acuerdo para ser reformados.
Nadie puede, ni debe, arrogarse la capacidad de bloqueo en la negociación. Desde CCOO somos conscientes de que las reformas y los avances de nuestro andamiaje laboral que son fruto del acuerdo entre los agentes sociales, patronal y sindicatos, son preferibles porque luego tenemos la responsabilidad de aplicarlos y desarrollarlos empresa a empresa, sector a sector. Pero si no hay acuerdo, CCOO exigirá al nuevo Gobierno, por todas las vías que como organización social tenemos a nuestra disposición, que promueva las reformas necesarias para reequilibrar el poder de negociación entre los trabajadores y los empresarios, profundamente alterado a favor de estos últimos tras las últimas reformas laborales, y para poder corregir la creciente desigualdad y precariedad que carcomen la sociedad y la democracia.
En tiempos de incertidumbre, en tiempos en los que cunde el miedo al futuro, el diálogo social y la concertación entre los agentes sociales y el Gobierno tiene que ser capaz de proyectar seguridad a la sociedad mostrando su utilidad. Demostrando capacidad de diálogo, negociación y acuerdo para luchar contra los que son los principales desafíos de nuestro país: la desigualdad y la precariedad. En caso contrario, en caso de bloqueo, CCOO exigirá que el Gobierno actúe en beneficio de la mayoría
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