Carlos Gutiérrez Calderón
Secretario Confederal de Juventud y Nuevas Realidades del Trabajo de CCOO
Artículo original publicado en Cuarto Poder
- “Este acuerdo nos permite distinguir en el horizonte el objetivo de situar progresivamente el salario mínimo interprofesional en el 60% del salario medio”
- “No existe Estado social y democrático de Derecho sin un diálogo social capaz de concertar y llegar a acuerdos que mejoren las condiciones de trabajo y de vida”
- “El diálogo social y la concertación entre los agentes sociales y el Gobierno tiene que ser capaz de proyectar seguridad a la sociedad mostrando su utilidad”
El incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) a 950 euros por 14 pagas (1.108 por 12 mensualidades), fruto del acuerdo entre patronal, sindicatos y Gobierno, tiene unas implicaciones que desbordan su contenido. Es algo más que un acuerdo.
La subida es muy positiva. Un incremento del 5,5% respecto a los 900 euros de 2019 no es menor. Mejora las condiciones de vida de aquellos trabajadores que se encuentran en una situación salarial más complicada, que son quienes han sufrido más profundamente los estragos de la crisis económica y su gestión política. En efecto, según cálculos del gabinete económico de CCOO, dos millones de trabajadores se verán beneficiados por este incremento. Mayoritariamente mujeres del sector servicios, teniendo también un amplio impacto entre la juventud trabajadora.
Asimismo, el contenido de este acuerdo nos permite distinguir en el horizonte el objetivo de situar progresivamente el salario mínimo interprofesional en el 60% del salario medio, como así establece la Carta Social Europea. Este es ya un debate que desborda las fronteras de nuestro país. La nueva Comisión Europea, con su presidenta a la cabeza, Ursula von der Leyen, aspira a establecer un salario mínimo europeo en el marco de su agenda social. De esta forma se favorecería la convergencia entre los países de la Unión, se limitaría la competencia basada en el dumping salarial y permitiría luchar contra la creciente desigualdad en el viejo continente, mejorando la realidad de las millones de personas que se encuentran en riesgo de pobreza o los conocidos como working poors -trabajadores que aun con trabajo se encuentran en una situación de privación-. No será fácil. La batalla está servida.
Pero igualmente importante es la vuelta al pacto y la concertación en el diálogo social tripartito después de un largo tiempo sin acuerdos sustanciales. El diálogo social como institución a través de la cual los agentes sociales representativos y legitimados socialmente intervienen, desde la defensa de los intereses que les son propios, en el devenir de nuestro país, es un pilar fundamental e imprescindible en una democracia avanzada. No existe Estado social y democrático de Derecho sin un diálogo social capaz de concertar y llegar a acuerdos que mejoren claramente las condiciones de trabajo y de vida de la mayoría social trabajadora y sus familias. Sin esa capacidad de acuerdo y concertación, el diálogo social muta en una tertulia sin utilidad que deslegitima a las organizaciones de intermediación social y erosiona el sistema democrático.
Este acuerdo entre patronal, sindicatos y Gobierno ha sido un paso importante e imprescindible. Y sin embargo queda mucho por hacer. Aumentar el salario mínimo interprofesional no es suficiente para mejorar la realidad de muchos trabajadores que sufren insuficiencia económica. Una parte de estas situaciones de penuria derivan de un modelo de contratación que promueve la rotación permanente de empleo intercalándolos con períodos más o menos prolongados en el desempleo. Un trabajador en esta circunstancia tiene muy complicado completar una jornada laboral mensual o anual para alcanzar el salario mínimo interprofesional o el salario establecido en su convenio de aplicación. De la misma manera sucede cuando un trabajador tiene un contrato a jornada parcial.
Asimismo, otros aspectos que se encuentran incrustados en nuestro marco de relaciones laborales, con el objetivo de devaluar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores, deberán ser modificados: la prevalencia y la ultraactividad de los convenios; la regulación de los procesos de subcontratación; el despido de los trabajadores estando de baja; las posibilidades de descuelgue para las empresas de los acuerdos firmados; o la regulación laboral de las denominadas plataformas digitales. Y no podemos olvidarnos del IPREM, Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, referencia para multitud de ayudas y subsidios que lleva años sin actualizarse. Estos son, entre otros, algunos de los elementos que tienen que ser abordados en el diálogo social con la aspiración de alcanzar un acuerdo para ser reformados.
Nadie puede, ni debe, arrogarse la capacidad de bloqueo en la negociación. Desde CCOO somos conscientes de que las reformas y los avances de nuestro andamiaje laboral que son fruto del acuerdo entre los agentes sociales, patronal y sindicatos, son preferibles porque luego tenemos la responsabilidad de aplicarlos y desarrollarlos empresa a empresa, sector a sector. Pero si no hay acuerdo, CCOO exigirá al nuevo Gobierno, por todas las vías que como organización social tenemos a nuestra disposición, que promueva las reformas necesarias para reequilibrar el poder de negociación entre los trabajadores y los empresarios, profundamente alterado a favor de estos últimos tras las últimas reformas laborales, y para poder corregir la creciente desigualdad y precariedad que carcomen la sociedad y la democracia.
En tiempos de incertidumbre, en tiempos en los que cunde el miedo al futuro, el diálogo social y la concertación entre los agentes sociales y el Gobierno tiene que ser capaz de proyectar seguridad a la sociedad mostrando su utilidad. Demostrando capacidad de diálogo, negociación y acuerdo para luchar contra los que son los principales desafíos de nuestro país: la desigualdad y la precariedad. En caso contrario, en caso de bloqueo, CCOO exigirá que el Gobierno actúe en beneficio de la mayoría
Nos dicen que es el trabajo del futuro, pero en realidad lo que sucede es que estamos regresando al pasado
El fenómeno de la ‘plataformización’ del trabajo pone en riesgo el Derecho del trabajo tal y como lo conocemos, así como nuestro sistema de protección social
Por Carlos Gutiérrez, secretario Confederal de Juventud y Nuevas Realidades del Trabajo de CCOO. Publicado el 26/07/2019 en el diario.es
Hace unas semanas, Adigital, la Asociación Española de la Economía Digital, junto a sus miembros asociados Glovo, Deliveroo, Uber Eats y Stuart, presentaron una propuesta normativa para la regulación del trabajo en plataformas digitales. El documento comienza con una exhibición, que raya la obscenidad, de los múltiples beneficios que irradian estas plataformas digitales de reparto (económicos, para los consumidores, para los repartidores, para el comercio y los negocios) y finaliza con la propuesta de modificar la regulación del trabajo autónomo económicamente dependiente (TRADE) para adaptarlo a lo que consideran “nuevas relaciones de trabajo” surgidas del contexto digital: el “trade digital”. Sin entrar al detalle, lo que pretenden es asegurarse que la relación que mantienen las plataformas con los repartidores se enmarca en el régimen de autónomos, concretamente en el TRADE, a cambio de una serie de coberturas adicionales para los trabajadores. Huida de la laboralidad 4.0.
La huida de la laboralidad no es una dinámica reciente. No nace con la digitalización y el surgimiento de estos nuevos modelos de negocio. Es una pugna que desde hace décadas enfrenta a empresas y trabajadores. Aquellas buscan deshacerse de toda responsabilidad exigida por nuestro ordenamiento laboral y nuestro sistema de protección social. Bajo la figura de autónomos las empresas no tienen que pagar un salario ni respetar las jornadas laborales máximas, las vacaciones, los descansos o los permisos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores y en los convenios colectivos. Tampoco tienen que pagar las cuotas que marca el régimen general de la Seguridad Social. Ni tienen que preocuparse por el hecho de que los trabajadores se organicen, elijan a sus representantes para negociar mejoras en sus condiciones laborales o convoquen una huelga. Es la externalización de los riesgos a los trabajadores y al conjunto de la sociedad a través de la mercantilización de la fuerza de trabajo. Es el interés por disciplinar y controlar a los trabajadores. Mientras, los trabajadores presionamos para que el ordenamiento laboral y nuestro sistema de protección social se respeten porque de ello dependen nuestras condiciones laborales y de vida, así como nuestra capacidad de organizarnos colectivamente para poder reequilibrar las desiguales relaciones de poder entre capital y trabajo.
Esta pugna por la laboralidad se despliega en todas las esferas. Son claves la dimensión jurídica y regulatoria. En relación a la primera, hasta ahora se han efectuado sentencias diversas. Unas han considerado autónomos a los trabajadores de plataformas. Otras los han considerado laborales. Cabe destacar que los procedimientos más numerosos y cualitativamente más relevantes se han decantado por la laboralidad de los trabajadores. Es el caso de los macrojuicios de Valencia y Madrid con más de 90 y 500 repartidores afectados respectivamente. Ambos fallos han fundamentado de forma sólida y rigurosa la existencia de ajenidad y dependencia en la relación de estas plataformas con los conocidos como “riders”. Hasta el punto de que la sentencia de Madrid señala que “los repartidores prestaban sus servicios de una forma completamente organizada y regida por la empresa, incluso en sus más pequeños detalles”. Los procedimientos judiciales siguen su curso y habrá que seguir trabajando en este ámbito.
En relación a la esfera regulatoria, las plataformas digitales están desplegando una intensa labor de lobbista sobre los poderes públicos. En ella se enmarca la propuesta para la regulación ad hoc del denominado “trade digital”. En las manos del nuevo Gobierno está viabilizar los deseos de estos nuevos modelos de negocio y abrir la puerta a una creciente deslaboralización del trabajo como consecuencia de la expansión de estas plataformas digitales a todo tipo de sectores y actividades (su presencia es ya muy amplia y diversa), o, por el contrario, cerrar la puerta a este proceso tomando las decisiones necesarias para asegurar que las plataformas digitales cumplen con nuestro ordenamiento laboral y nuestro sistema de protección social. La madre de todas las batallas se dará en esta próxima legislatura.
El fenómeno de la plataformización del trabajo pone en riesgo el Derecho del trabajo tal y como lo conocemos, así como nuestro sistema de protección social. La regularización de una figura como la denominada “trade digital” sería la materialización regulatoria de la huida de la laboralidad 4.0 que provocaría que numerosas empresas de múltiples sectores de actividad encuentren acomodo en este marco para desprenderse de toda responsabilidad con nuestros derechos laborales y sociales. Nos dicen que es el trabajo del futuro, pero en realidad lo que sucede es que estamos regresando al pasado. Frente a ello, como siempre, es necesario continuar desarrollando la respuesta colectiva de los trabajadores en todos los ámbitos para hacer respetar nuestros derechos. En ello estamos.
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