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Plataformas digitales: huida de la laboralidad 4.0

Plataformas digitales: huida de la laboralidad 4.0

Nos dicen que es el trabajo del futuro, pero en realidad lo que sucede es que estamos regresando al pasado

El fenómeno de la ‘plataformización’ del trabajo pone en riesgo el Derecho del trabajo tal y como lo conocemos, así como nuestro sistema de protección social

Por Carlos Gutiérrez, secretario Confederal de Juventud y Nuevas Realidades del Trabajo de CCOO. Publicado el 26/07/2019 en el diario.es

Hace unas semanas, Adigital, la Asociación Española de la Economía Digital, junto a sus miembros asociados Glovo, Deliveroo, Uber Eats y Stuart, presentaron una propuesta normativa para la regulación del trabajo en plataformas digitales. El documento comienza con una exhibición, que raya la obscenidad, de los múltiples beneficios que irradian estas plataformas digitales de reparto (económicos, para los consumidores, para los repartidores, para el comercio y los negocios)  y finaliza con la propuesta de modificar la regulación del trabajo autónomo económicamente dependiente (TRADE) para adaptarlo a lo que consideran “nuevas relaciones de trabajo” surgidas del contexto digital: el “trade digital”. Sin entrar al detalle, lo que pretenden es asegurarse que la relación que mantienen las plataformas con los repartidores se enmarca en el régimen de autónomos, concretamente en el TRADE, a cambio de una serie de coberturas adicionales para los trabajadores. Huida de la laboralidad 4.0.

La huida de la laboralidad no es una dinámica reciente. No nace con la digitalización y el surgimiento de estos nuevos modelos de negocio. Es una pugna que desde hace décadas enfrenta a empresas y trabajadores. Aquellas buscan deshacerse de toda responsabilidad exigida por nuestro ordenamiento laboral y nuestro sistema de protección social. Bajo la figura de autónomos las empresas no tienen que pagar un salario ni respetar las jornadas laborales máximas, las vacaciones, los descansos o los permisos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores y en los convenios colectivos. Tampoco tienen que pagar las cuotas que marca el régimen general de la Seguridad Social. Ni tienen que preocuparse por el hecho de que los trabajadores se organicen, elijan a sus representantes para negociar mejoras en sus condiciones laborales o convoquen una huelga. Es la externalización de los riesgos a los trabajadores y al conjunto de la sociedad a través de la mercantilización de la fuerza de trabajo. Es el interés por disciplinar y controlar a los trabajadores. Mientras, los trabajadores presionamos para que el ordenamiento laboral y nuestro sistema de protección social se respeten porque de ello dependen nuestras condiciones laborales y de vida, así como nuestra capacidad de organizarnos colectivamente para poder reequilibrar las desiguales relaciones de poder entre capital y trabajo.

Esta pugna por la laboralidad se despliega en todas las esferas. Son claves la dimensión jurídica y regulatoria. En relación a la primera, hasta ahora se han efectuado sentencias diversas. Unas han considerado autónomos a los trabajadores de plataformas. Otras los han considerado laborales. Cabe destacar que los procedimientos más numerosos y cualitativamente más relevantes se han decantado por la laboralidad de los trabajadores. Es el caso de los macrojuicios de Valencia y Madrid con más de 90 y 500 repartidores afectados respectivamente. Ambos fallos han fundamentado de forma sólida y rigurosa la existencia de ajenidad y dependencia en la relación de estas plataformas con los conocidos como “riders”. Hasta el punto de que la sentencia de Madrid señala que “los repartidores prestaban sus servicios de una forma completamente organizada y regida por la empresa, incluso en sus más pequeños detalles”. Los procedimientos judiciales siguen su curso y habrá que seguir trabajando en este ámbito. 

En relación a la esfera regulatoria, las plataformas digitales están desplegando una intensa labor de lobbista sobre los poderes públicos. En ella se enmarca la propuesta para la regulación ad hoc del denominado “trade digital”. En las manos del nuevo Gobierno está viabilizar los deseos de estos nuevos modelos de negocio y abrir la puerta a una creciente deslaboralización del trabajo como consecuencia de la expansión de estas plataformas digitales a todo tipo de sectores y actividades (su presencia es ya muy amplia y diversa), o, por el contrario, cerrar la puerta a este proceso tomando las decisiones necesarias para asegurar que las plataformas digitales cumplen con nuestro ordenamiento laboral y nuestro sistema de protección social. La madre de todas las batallas se dará en esta próxima legislatura.

El fenómeno de la plataformización del trabajo pone en riesgo el Derecho del trabajo tal y como lo conocemos, así como nuestro sistema de protección social. La regularización de una figura como la denominada “trade digital” sería la materialización regulatoria de la huida de la laboralidad 4.0 que provocaría que numerosas empresas de múltiples sectores de actividad encuentren acomodo en este marco para desprenderse de toda responsabilidad con nuestros derechos laborales y sociales. Nos dicen que es el trabajo del futuro, pero en realidad lo que sucede es que estamos regresando al pasado. Frente a ello, como siempre, es necesario continuar desarrollando la respuesta colectiva de los trabajadores en todos los ámbitos para hacer respetar nuestros derechos. En ello estamos.

La cuestión juvenil

La cuestión juvenil

Del trabajo precario a la imposibilidad de emancipación

En el libro “La cuestión juvenil ¿Una generación sin futuro?”, José Félix Tezanos y Verónica Díaz, realizan una pormenorizada radiografía de la situación que la juventud tiene en España. Resultado de este estudio señalan, con todos los matices posibles, que “no es inapropiado hablar de una cuestión juvenil de una manera similar a como en su momento se hablaba de una cuestión social, o una cuestión obrera; aun con todas las salvedades y diferencias que hacen al caso”. La exclusión laboral o subposicionamiento económico que sufrimos los jóvenes, subrayan los autores, suponen un “fallo sistémico en la dinámica de inserción societaria”, provocando frustraciones y alteraciones en los “modelos de pertenencia social que han funcionado en las sociedades industriales”. Es decir, esta situación de falta de trabajo o de precariedad laboral estructural supone que este sector social, relativamente homogéneo, quede fuera de las “relaciones sociales, posibilidades de identidad y sentimientos de pertenencia que van asociados al desempeño de un trabajo o una profesión”1.

¿Existen visos de que esta situación débil que en el plano laboral sufrimos los jóvenes esté modificándose con la recuperación económica? La recuperación económica ha llegado. Esta es la idea que por tierra, mar y aire los responsables políticos del gobierno, ínclitos todólogos de tertulia e importantes medios de comunicación están intentando instalar en una sociedad desmoralizada y colonizada por el miedo al futuro, después de los durísimos años de una crisis económica que no tiene comparación en la historia reciente de España. Según esto quedarían atrás los tiempos de incremento del desempleo y de los duros recortes en nuestro Estado de Bienestar. Se abre, por tanto, un escenario prometedor. Como un tren – España – que atraviesa un tunel – crisis económica – ahora toca volver a la “normalidad”.

¿Pero cuál es esta “normalidad” para la juventud? A nuestro juicio la precariedad laboral que sufrimos los jóvenes no es novedosa sino que de forma paulatina pero constante se ha ido instalando desde hace largo tiempo. Este fenómeno no es casual. Es consecuencia del movimiento que vivimos de una sociedad industrial a una sociedad posidustrial, a las transformaciones de la empresa y de la gestión empresarial – de la Empresa Integrada a la Empresa Red –, en definitiva de la sociedad del empleo a la implantación de la precariedad como modelo social. La precariedad laboral no es una factura que hay que “pagar” por ser joven, no responde ya a una etapa – si alguna vez lo fue – sino que como una mancha de aceite se extiende entre todos los sectores sociales pero que de forma más dramática afecta a la juventud que se socializa en esta negada o débil inserción laboral. Nuestra hipótesis es que la crisis económica, las reformas laborales implantadas, junto a un escenario de hondas transformaciones tecnológicas, profundizan el despliegue de un modelo social caracterizado por la precariedad laboral y la desigualdad social. En esta dinámica la juventud continúa siendo el sector social más afectado.

La juventud es un sector social que de forma constante ha perdido peso en la población española. En efecto, en el primer trimestre de 2005, según datos de la EPA, la población de 16 a 34 años se situaba alrededor del los 12,4 millones de personas y representaban el 28,67% del total de la población. Mientras, en el cuarto trimestre de 2017, esta misma franja de edad descendía hasta los 9,4 millones aproximadamente, lo que supone el 20,3%. Una caída de tres millones de personas y ocho puntos porcentuales. Este hecho no es baladí. Contribuir menos al total de la población es, dicho de forma cruda, es que nuestras prioridades, nuestros problemas, nuestros anhelos importan relativamente menos. Importantes transformaciones históricas, tanto en sentido progresista como reaccionario, se han explicado por el empuje de una juventud que conformaba un amplio y mayoritario sector social. El envejecimiento de la población es un cambio de profundas consecuencias en todos los ámbitos a corto, medio y largo plazo.

Esta dinámica poblacional pareciera que es un fenómeno natural sobre el que nada se puede hacer. Pero sí se puede actuar sobre algunos de los factores explicativos. Es verdad que esta es una evolución compartida con otros países de la Europa occidental, y por tanto responde a cambios en los patrones de comportamiento de nuestras sociedades. Sin embargo, las dificultades para una inserción laboral sólida que permita la planificación y construcción de proyectos de vida a medio y largo plazo, la falta de medidas para la conciliación de nuestra vida profesional con nuestra vida personal y familiar junto con el infradesarrollo de nuestro estado de bienestar en lo que tiene que ver con los servicios públicos que den cobertura a las familias con hijos de 0 a 3 años así como a un mercado de la vivienda residencial que obstaculiza la emancipación de la juventud, son dimensiones sobre las que los poderes públicos pueden y deben actuar.

Este menor peso de la juventud en la población total tiene su reflejo en la población activa. Si en el primer trimestre de 2005 los activos de 16 a 34 años alcanzaban el 42,56%, en el cuarto trimestre de 2017 descendía hasta el 26,92%. De casi 8,9 millones a aproximadamente 6,1 millones. Este hecho es resultado de la propia evolución de esta franja de edad de la población, como hemos visto, pero también del impacto de la crisis económica. Muchos jóvenes trabajadores por el impacto de la crisis económica perdieron sus trabajos, con el tiempo y la acción del desánimo y la frustración dejaron de buscar empleo pasando a formar parte del colectivo de inactivos y de aquellos que tuvieron que salir de España para poder encontrar una oportunidad laboral. Este hecho tiene una claro impacto en las franjas de edad de 16 a 19 años y de 20 a 24 años. La tasa de actividad entre 16 y 19 años que antes de la crisis, en 2007, llegó a situarse alrededor del 30%, hoy se sitúa en el 14%. Igualmente ocurre entre la juventud que se encuentra entre los 20 y 24 años. Antes de la crisis la tasa de actividad llegó a alcanzar el 70%, mientras que en la actualidad no alcanza el 55%. Hasta los 34 años las tasas de actividad son muy superiores (exceden el 80%) pero todavía son inferiores a las tasas alcanzadas antes de la crisis.

Atendiendo al desempleo que sufre la juventud observamos de nuevo la diferencia entre las diversas cohortes de edad entre este sector social. La franja de edad entre los 16 y 24 años muestra una tasa de desempleo significativamente superior a la que presenta el total, pero cuantitativamente mucho menos debido a la menor población en esa franja y a las tasas de actividad reducidas que presentan. Antes de la crisis económica la tasa descendió del 20% de la tasa de desempleo, mientras que en el cuarto trimestre de 2017 esta tasa se situó en el 37,5% después de haber llegado a alcanzar alrededor del 50% en los peores años de la recesión económica. Entre los 25 y 29 años las tasas que se observan son notablemente inferiores. Si antes de la crisis se situaron por debajo del 10%, en la última encuesta de la EPA alcanzan el 21,7% después de haber alcanzado el 35%. Finalmente, aquellos que tienen entre 30 y 34 años la evolución es muy similar a la dinámica total. Si bien antes de la recesión la tasa de desempleo de este colectivo se situaba algo por debajo de la tasa de desempleo total, inferiores al 7%, con el impacto del shock económico se situó algo por encima y en la encuesta del cuarto trimestre de 2017 alcanza el 16,7%.

Una primera conclusión de lo expuesto, que responde a cierto patrón de normalidad, es que aquellos jóvenes que se encuentran entre 16 y 24 años muestran una inserción laboral menor que el resto. Este hecho tiene que ver con que gran parte de este colectivo se encuentra realizando algún programa de estudios con la expectativa de tener una inserción laboral sólida en el futuro. En efecto, según los datos que ofrece la EPA del cuarto trimestre de 2017, el 95% de los inactivos de 16 a 19 años se encuentra cursando algún tipo de estudio, reglado o no. Entre los 20 a 24 años este porcentaje desciende levemente hasta el 88%. Finalmente, entre los 25 y 29 años y entre los 30 y 34 años el porcentaje se sitúa en el 54% y el 20% respectivamente. Dicho fenómeno debe inducirnos a reflexionar sobre el despliegue de una acción sindical diferenciada para estas diversas franjas de edad. Una que centre su acción desde el territorio con especial presencia en los centros de estudio, otra impulsada desde los centros de trabajo. Ambas interrelacionadas, mancomunando esfuerzos y voluntades de nuestras estructuras y espacios de juventud.

Pero detrás de estos datos sobre la inserción laboral de la juventud debemos centrarnos en la calidad de dicha inserción. Resultado de esta calidad de la inserción la situación laboral de la juventud estará caracterizada por la seguridad y la suficiencia económica y promoverá una base solida para que los jóvenes podamos emanciparnos y formar una familia, o por el contrario nuestra situación se caracterizará por la inseguridad y la insuficiencia económica que impedirá u obstaculizará la emancipación del hogar familiar.

La alta tasa de temporalidad ha sido el rasgo característico de nuestro mercado laboral. Desde que en 1984 se promoviera la contratación temporal como forma de combatir el desempleo, la tasa de temporalidad se incremento de forma notable. Desde 1990 y hasta antes de la recesión iniciada en 2008 se situó entre el 30-35%. Se ha conformado una cultura empresarial en torno a la temporalidad que tiene la funcionalidad de ser el mecanismo de ajuste ante la variabilidad del mercado. Con el inicio de la crisis económica las empresas se ajustaron no renovando estos contratos temporales. De esta forma, la tasa de temporalidad ha descendido estos últimos años. Sin embargo, con el inicio de la recuperación, de nuevo, esta temporalidad vuelve a dispararse y además presenta una mayor rotación.

La juventud no es un sector social al margen de esta dinámica. Todo lo contrario. Es el colectivo más afectado por la temporalidad y por tanto por la inseguridad e incertidumbre ante el futuro laboral. En la franja de los 16 a 19 años la temporalidad se encuentra en el 86%, entre los 20 y 24 años en el 70%. Desciende entre los 25 y 29 años al 48%. El efecto más perjudicial de la temporalidad es la rotación laboral. Es aquí donde observamos el cambio fundamental de antes de la crisis a la fase de la recuperación. Si antes de la crisis el número de contratos por empleo temporal se situaba en 3,4 actualmente alcanza el 5,2 para los trabajadores de 16 a 29 años. Este aumento de la rotación se observa para todas las franjas de edad pero principalmente para los trabajadores de 16 a 19 años que se incrementa del 4,3 al 7,8. Una parte de la explicación deriva del incremento notable de los contratos temporales de muy corta duración y la alta rotación que presentan.

Asimismo, a esta tasa de temporalidad en expansión, que es actualmente la segunda más alta de Europa por detrás de Polonia, se une el incremento de aquellos trabajadores que tienen un contrato a tiempo parcial. En efecto, sobre el total de ocupados casi el 15% se encuentra con contrato parcial. Este fenómeno se incrementa entre los más jóvenes. Entre los 16 y 19 años se sitúa en el 49%, entre los 20 y24 años en el 37%, entre los 25 y 29 años en el 21% y, finalmente, entre los 30 y 34 años en el 15%. Además, junto al incremento de estos contratos a jornada parcial han aumentado el colectivo de trabajadores que acceden a este tipo de contratos por no haber podido encontrar un trabajo a jornada completa, es decir, involuntarios. A nivel global esta involuntariedad se sitúa en el 57% del total de trabajadores con contrato a jornada parcial. Mientras entre los colectivos más jóvenes esta involuntariedad desciende, situándose en el 30% entre la franja de los 16 a 19 años, para de forma sostenida ascender entre los siguientes intervalos de edad. Entre los 20 y 24 años alcanza el 53%, entre los 25 y 29 años se sitúa en el 68% y, por último, entre los 30 y 34 años en el 64%. Este hecho tiene sentido porque los más jóvenes compatibilizan un programa de estudios con un trabajo que les dote de cierta autonomía económica. Así el 56% de los ocupados de 16 a 19 años indican que el motivo de la jornada parcial es por encontrarse impartiendo estudios de enseñanza o formación.

Pero la temporalidad y la alta rotación que presenta, así como las jornadas parciales involuntarias, no son las únicas lacras de la juventud. Hechos no medibles por las estadísticas oficiales también sitúan a la juventud en una situación de debilidad laboral. En primer lugar, el fraude en las prácticas no laborales. Un colectivo muy importante de jóvenes se ven obligados a realizar unas prácticas no laborales para finalizar su programa de estudios – curriculares – y otro colectivo se ve obligado a realizar prácticas no laborales que no forman parte del programa de estudios – extracurriculares – como forma de adquirir experiencia. Un número indeterminado pero cuantioso de este modelo de prácticas se encuentran en fraude porque no garantizan el hecho formativo que conllevan sino que encubren relaciones laborales. Por otra parte, nos encontramos con los llamados “falsos autónomos”. De cuantía también indeterminada pero creciente con la irrupción de las llamadas plataformas digitales y la promoción de este tipo de salidas individuales a través de iniciativas como la tarifa plana de autónomos.

Si la calidad del empleo sitúa a la juventud trabajadora en la inseguridad y la incertidumbre como forma de vida, la evolución salarial derivada de la profunda devaluación que se ha producido durante la última década sitúa a la juventud en un contexto de insuficiencia económica. En efecto, si en 2006 el 37,6% de los trabajadores de entre 16 y 24 años se situaban en los deciles 1 y 2, con salarios medios de 471,22€ y 795,65€ respectivamente, en 2016 el porcentaje ascendía al 54,3%, con salarios medios de 461,59€ y 840,20€ para el decil 1 y 2 respectivamente. La juventud entre 25 y 34 años muestran también un incremento de aquellos que se ubican en los dos primeros deciles al haber evolucionado del 19,4% en 2006 al 24,7%, con salarios medios en 2006 para el decil 1 de 487,61€, el decil 2 de 803,76€ y en 2016 para el decil 1 de 488,42€ y para el decil 2 de 860,14€.

Unido al contexto laboral de la juventud caracterizado por la inseguridad y la insuficiencia económica aparece el ya clásico obstáculo a la emancipación juvenil: el acceso a la vivienda residencial. Tras unos años de caída del precio de la vivienda tanto en propiedad como en alquiler se observa un incremento sostenido desde hace algunos años principalmente en las grandes metrópolis. Es subrayable el incremento de los precios del alquiler de la vivienda residencial. El acceso a la vivienda podrá ser de nuevo un resorte de movilización de la juventud, ya existen movimientos que se están organizando (sindicatos de inquilinos) en las grandes ciudades. El sindicato no puede evitar el debate y debe aspirar a realizar una propuesta para la regulación del derecho efectivo a la vivienda, una propuesta sobre emancipación juvenil que nos permita proyectarnos entre este sector social como una organización que se preocupa y ocupa de sus problemas, que van más allá de la situación laboral. Fortalecer nuestro carácter sociopolítico con una clara voluntad de conectar con las generaciones más jóvenes.

Las consecuencias de la situación laboral de la juventud y de un mercado de la vivienda residencial son preocupantes. Según el observatorio de emancipación del Consejo de la Juventud de España únicamente el 19,4% de las personas entre 16 y 29 años había logrado emanciparse del hogar familiar en el tercer trimestre de 2017. Este es el peor dato desde 2002. La edad media de salida del hogar familiar se sitúa en 29 años mientras que la media europea se encuentra en 26,1 años o en países como Suecia desciende hasta los 19,7 años. Asimismo según esta misma entidad el 38,2% de las personas de 16 a 29 años se encuentran en riesgo de pobreza.

Ahora que nos encontramos en la recuperación económica, tan anunciada como poco sentida por los trabajadores, debemos exigir no volver a la normalidad de precariedad laboral que largo tiempo llevamos sufriendo los jóvenes. Desde CCOO tenemos que canalizar las preocupaciones y demandas entorno al empleo y la emancipación que surgen entre las jóvenes generaciones. Para ello es central exigir mejoras en la calidad en el empleo e incrementos salariales que pongan fin a la devaluación salarial. Pero también es necesario fortalecer nuestro carácter sociopolítico construyendo una propuesta sobre acceso a la vivienda y emancipación juvenil. Es tiempo de reivindicar que la mejora económica nos llegue a los de abajo. Es tiempo de exigir una distribución justa.

Carlos Guitérrez Calderón, secretario confederal de Juventud y Nuevas Realidades del Trabajo


1  Tezanos, J.F. y Díaz, V. 2017: La cuestión juvenil ¿Una generación sin futuro”, Ed. Biblioteca Nueva

La juventud y el debate sobre qué sistema público de pensiones queremos

La juventud y el debate sobre qué sistema público de pensiones queremos

Durante los últimos meses hemos vivido diferentes movilizaciones de los pensionistas a raíz de una mísera revalorización de las pensiones, el 0,25%, resultado de la reforma unilateral que realizó el Partido Popular en 2013. Aquella reforma supuso introducir el índice de revalorización de las pensiones actuales que desvincula el crecimiento anual de las pensiones del incremento de los precios y es por ello que los pensionistas actuales están perdiendo poder de compra. Pero también se introdujo el factor de sostenibilidad que supondrá, a partir de 2019, que la Seguridad Social fije la primera pensión del nuevo jubilado teniendo en cuenta la esperanza de vida de su generación durante los últimos cinco años. En la práctica se han situado a las pensiones en la senda de una devaluación progresiva y constante que afecta a los pensionistas de hoy, pero también y de forma más profunda a las generaciones que se jubilen en las próximas décadas.

Los pensionistas se mueven. Las marchas por unas pensiones dignas convocadas por CCOO y UGT iniciaron su andadura en septiembre del pasado año y finalizaron en una gran movilización de pensionista en Madrid. Además estos mismos sindicatos junto a diversas plataformas y asociaciones de pensionistas han venido convocando desde entonces concentraciones descentralizadas en las capitales de provincia de nuestro país. El último gran hito fue el pasado día 22 de febrero. La convocatoria de concentraciones concitaron un gran apoyo pudiéndose observar un gran aumento en la participación de los pensionistas. La indignación entre los pensionistas crece. Salto cuantitativo.

Esta creciente inflamación social entre los pensionistas es entendible y normal. Durante los años más duros de crisis económica y aún en la actualidad, ha sido la pensión del abuelo o la abuela el único sustento para muchas familias. El sistema público de pensiones ha resistido bien el azote de la crisis económica y se convirtió en uno de los pilares amortiguadores de situaciones dramáticas que han sufrido numerosos trabajadores. La familia como sustento ante el infradesarrollo de nuestro estado de bienestar. Este esfuerzo de las familias y los pensionistas en la tan cacareada recuperación económica no se ha visto recompensado. Así mientras el crecimiento a nivel macro está alrededor de un 3%, se supera el nivel de producción de bienes y servicios que teníamos antes de esta década de crisis económica y los beneficios empresariales aumentan de forma notable, las pensiones se revalorizan un 0,25%. Estamos ante el gran problema de España en la actualidad: una recuperación económica que no mejora las condiciones salariales de trabajadores ni las pensiones de los pensionistas. ¡Es la distribución, estúpido!

Se está construyendo un amplio consenso entre los pensionistas en relación al injusto trato que están recibiendo y que demuestra una notable y creciente capacidad movilizadora. Sin embargo, el debate de fondo sobre qué sistema público de pensiones queremos no está teniendo capacidad de concitar la complicidad y la movilización de sectores sociales que actualmente no son beneficiarios del sistema. Las generaciones que actualmente están en activo en el mercado de trabajo, observan lo que sucede con nuestro sistema público de pensiones desde una posición ajena y pasiva. Y este fenómeno se acentúa entre la juventud. Las generaciones más jóvenes somos por la distancia pero también por nuestra precaria situación laboral y por la falta de expectativas sobre la capacidad de construir una larga carrera laboral, quienes más alejados del debate y la movilización nos encontramos. Asumimos de facto la pérdida del derecho a una jubilación digna. Este fenómeno es preocupante porque es la juventud un colectivo al que la reforma del sistema de 2013 va a afectar con más severidad. Según un estudio realizado por CCOO un joven que se jubile de forma ordinaria en el año 2052 verá reducida su pensión con el sistema implantado por el PP en un 23,1% por la acción del factor de sostenibilidad1. Además habrá que añadir el impacto que tendrá el índice de revaloración durante el conjunto de años que esté como pensionista.

¿Cuál es el futuro del sistema público de pensiones? Este es el debate que se está dando en la actualidad. Y dependerá de las políticas que se apliquen hoy. Las organizaciones que actualmente están convocando las exitosas movilizaciones de pensionistas deben ser capaces de desbordar su actual perímetro y aspirar a implicar en la movilización a la juventud que observa ajena el debate de fondo que se está dando. Estamos obligados a tejer una red de solidaridad intergenracional en la movilización por nuestro modelo de pensiones. Por su parte, la juventud debemos vernos interpelados. Debemos actuar e incidir hoy. Mañana será tarde. La tensión se encuentra en si optamos por un sistema público de calidad, de carácter universal, de solidaridad intergeneracional e interterritorial, que permita llevar una vida digna a los jubilados del futuro. En definitiva, si queremos un sistema como el que ha regido hasta la reforma del PP de 2013. O si por nuestra inacción se implanta un sistema de pensiones asistencial, marginal y caracterizado por el “sálvese quien pueda”… ahorrar como dijo Rajoy. La batalla es, por supuesto, de nuestros padres y abuelos por unas pensiones de calidad a corto plazo. Pero también nuestra. Afrontémosla.


1  Criterios del estudio: Empezó a trabajar a los 26 años, con una carrera de cotización en base máxima

Un Acuerdo de Negociación Colectiva para quienes más lo necesitan y contra la precariedad

Un Acuerdo de Negociación Colectiva para quienes más lo necesitan y contra la precariedad

Es incuestionable que las trabajadoras y los trabajadores hemos cargado con el mayor impacto de la crisis económica y de los inicios de la tan anunciada recuperación. Este sufrimiento se ha materializado en un vertiginoso crecimiento del desempleo y en una potentísima devaluación salarial que se ha cebado, principalmente, con los más vulnerables: los más precarios y entre quienes tienen salarios más bajos. Las jóvenes generaciones no alcanzamos a recordar tiempos tan dramáticos como los vividos durante los últimos 10 años. Quedará grabado en nuestra memoria colectiva.

Durante esta etapa de crisis, toda una serie de (contra) reformas en nuestro sistema de relaciones laborales han instalado unos dispositivos que petrifican la estrategia de ajuste y devaluación salarial, y dificultan la lucha contra la precariedad laboral. Ese ha sido el objetivo. La precariedad laboral y los bajos salarios como norma social en el mercado de trabajo para fortalecer los sectores empresariales que se desenvuelven y compiten en sectores de bajo valor añadido. Impulsar el proceso de externalización del riesgo asociado al mercado del capital al trabajo.

La consecuencia lógica de esta estrategia es que el crecimiento económico de los últimos años, situándose alrededor del 3% de media y llevándonos a superar los niveles de riqueza que producimos previos a la crisis, no se ha trasladado a los salarios ni a la calidad del empleo que se genera. Por el contrario, son las empresas y sus dueños quienes verdaderamente se han visto favorecidas. Así los beneficios empresariales y los dividendos crecen de forma notable. No hay reparto; no hay distribución. Estamos ante un modelo que consolida la desigualdad y la precariedad laboral.

Ante este panorama CCOO ha puesto en el centro de todas sus actuaciones la lucha contra la precariedad laboral y los bajos salarios que afectan, especialmente pero no solo, a jóvenes y mujeres. Esta es la tarea principal que tenemos en esta etapa y que venimos desplegando tanto en movilizaciones como en el diálogo social.

El reciente Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva (AENC) alcanzado entre CCOO, UGT y la patronal (CEOE y CEPYME) es un paso más en este proceso de hacernos cargo de los desafíos que suponen, al menos para CCOO, la precariedad laboral y los bajos salarios. No es ningún fin, sino que es un hito que nos proporciona una herramienta útil para el desarrollo de nuestra acción sindical en las empresas y sectores productivos, en los procesos de negociación colectiva que en estos ámbitos llevamos a cabo.

Decía que situábamos el foco en los salarios más bajos. En efecto, el año pasado se alcanzó un acuerdo, con el Gobierno de entonces, para incrementar el Salario Mínimo Interprofesional hasta los 12.000 euros anuales en 2020. Esto supone una subida de un 19%. Junto a aquel acuerdo, el reciente AENC conviene en situar, de manera progresiva, un salario mínimo de convenio de 14.000 euros anuales. Esta medida no es de aplicación directa, sino que se tendrá que acordar en las negociaciones de convenio que se den en adelante. No será nada fácil y requerirá grandes esfuerzos por parte del sindicato. Debemos ser ambiciosos y firmes porque estamos hablando de la mejora de las condiciones de los sectores más precarizados y con peores salarios. Por ejemplo, 800.000 son los jóvenes asalariados a jornada completa entre 16 y 34 años que tienen un salario anual inferior a 14.000 euros y, por tanto, pueden verse beneficiados de este acuerdo. Además tendríamos que sumar a aquellos que están a jornada parcial, pero que es imposible cuantificar el número de afectados por desconocer el salario anual.

Asimismo, del AENC se derivan medidas audaces, que deberán tener un desarrollo en el ámbito de negociación con el Gobierno, para combatir el gran problema que caracteriza el mercado de trabajo desde hace largo tiempo: las altísimas tasas de temporalidad. La temporalidad, y la rotación laboral que conlleva, está asociada a un salario inferior, a menos probabilidades de formación en la empresa y a mayores dificultades de acceder a la protección social por desempleo. Al mismo tiempo, es un potentísimo dispositivo que disciplina a las y los trabajadores, para que no lleven a cabo reivindicaciones e impedir que se comprometan sindicalmente allí donde desarrollan su trabajo. Es urgente poner fin a esta situación que sufren millones de trabajadores. Por ello, el acuerdo tiene como objetivo mantener y dotar de estabilidad al empleo a través de un dispositivo que permita a las empresas en épocas de dificultades económicas llevar a cabo procesos de reducción de jornada que estén asociados a formación, sin que el trabajador se vea perjudicado en su protección social ni en su retribución.

En CCOO somos conscientes que el contenido del AENC es necesario pero no suficiente. Necesario porque es una herramienta útil ya que orienta la negociación colectiva en empresas y sectores. No obstante, supondrá un gran esfuerzo trasladar estos acuerdos a los diversos perímetros de negociación. En gran medida debido a que las (contra) reformas laborales han desequilibrado el poder de negociación entre capital y trabajo a favor del primero gracias a aspectos como la prevalencia del convenio de empresa sobre el convenio de ámbito superior; las enormes facilidades para modificar las condiciones de trabajo, los descuelgues de convenio o llevar a cabo despidos objetivos; la limitación de la ultraactividad.

El Gobierno no tiene que renunciar a la construcción de un nuevo marco de relaciones laborales que reequilibre el poder entre los agentes sociales en legítima disputa y promueva un empleo de calidad que ofrezca seguridad, certidumbre y suficiencia económica a los trabajadores. Algunos de los aspectos sobre los que debería legislar se subrayan en el acuerdo con la patronal. Es el caso de la ultraactividad. Para otros, como los comentados más arriba, tendrá que buscar los apoyos parlamentarios necesarios con el objetivo de sacarlos adelante.

El AENC es un muy buen acuerdo. Nos permite dar la pelea frente precariedad laboral y los bajos salarios. Sin embargo, España debe abandonar la estrategia incrustada en el marco de relaciones laborales que promueve la precariedad laboral y el ajuste salarial como norma. Para ello es necesario el concurso del Gobierno y la acción legislativa. CCOO permanecerá en el lugar que corresponde: exigente en la defensa y ampliación de los derechos laborales y la mejora de la condiciones de vida de las clases trabajadoras a través de la movilización y el diálogo social.

Carlos Gutiérrez CalderónSecretario Juventud y Nuevas Realidades del Trabajo de CCOO

Secretario Juventud y Nuevas Realidades del Trabajo de CCOO

Un acuerdo útil

Un acuerdo útil

El pasado día cinco de diciembre, después de largos meses de negociación, la Mesa de diálogo social de empleo y relaciones laborales, integrada por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, CCOO, UGT, CEOE y CEPYME acordó el “Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021”. Fruto de ese acuerdo el Consejo de Ministro del viernes siete del mismo mes aprobó dicho plan.

El objetivo de CCOO en estas negociaciones ha sido trasladar las problemáticas y preocupaciones que los jóvenes trabajadores tenemos en nuestro ámbito laboral, así como las medidas que creemos deben servir para combatir una situación que está caracterizada por la precariedad. Una precariedad que tiene como resultado el dejarnos a merced de la incertidumbre y la inseguridad de no saber si tendremos empleo y cuánto durará este; y de la insuficiencia económica provocada por los bajos salarios. ¿Quién pude construir proyectos personales y familiares de vida sólidos a medio y largo plazo en esta situación?

El plan está compuesto por cincuenta medidas y compromisos adquiridos por el Gobierno que deberán ser desarrollados en los próximos meses con el imprescindible concurso de las Comunidades Autónomas en aquellos aspectos que son de su competencia. Entre esta batería de medidas y compromisos se recogen algunas propuestas que desde CCOO llevamos exigiendo desde hace tiempo.

Nos parece interesante destacar el impulso en materia de formación, poniendo el foco en aquellos jóvenes que abandonaron de forma temprana la enseñanza. El refuerzo de los servicios públicos de empleo con la contratación de tres mil orientadores que permitirá lanzar un servicio personalizado de atención, orientación y seguimiento para los jóvenes con el objetivo de construir itinerarios de de formación y empleo adaptados a cada circunstancia. Asimismo el Gobierno se compromete a elaborar un Estatuto del Estudiante en Prácticas No Laborales que a nuestro juicio debe cumplir tres objetivos: dotar de calidad a las prácticas no laborales siempre vinculándolas a algún programa de formación, establecer el conjunto de derechos que tendrá el estudiante y asignar las competencias necesarias a la inspección de trabajo para el control del fraude. Además el plan subraya la necesidad de reforzar la causalidad de la contratación temporal, combatir el fraude en la contratación a jornada parcial y establece el contrato de formación y aprendizaje como el adecuado para desarrollar las prácticas asociadas a la FP dual.

Este es un acuerdo que a nuestro juicio supone un avance. Ahora nos toca garantizar su implantación en cada Comunidad Autónoma, ámbito en el que nuestras organizaciones territoriales y espacios de juventud deben jugar un papel fundamental, ser exigentes con el desarrollo de los compromisos adquiridos por el Gobierno y demandar una evaluación rigurosa que nos permita analizar el impacto de cada una de las medidas para tomar las decisiones oportunas.

Finalmente, desde CCOO no cejaremos en reivindicar las medidas necesarias que no estando contempladas en el plan consideramos imprescindibles para mejorar la vida de los jóvenes. Por eso presentamos el Informe #GeneraciónMóvil en el cual proponíamos diez ejes de trabajo a desarrollar en los ámbitos de la educación, el empleo y la vivienda. Seguimos trabajando y luchando para lograr un presente y futuro digno para la juventud.